Lula y Temer, quien fue detenido este jueves acusado de haber cobrado sobornos, son los dos presos más ilustres de la Lava Jato, que la semana pasada cumplió cinco años y que ha sacudido la vida política brasileña, por el alto número de figuras acusadas.
Río de Janeiro. La operación Lava Jato, que investiga la gran red de corrupción alrededor de la petrolera estatal brasileña Petrobras no solamente ha llevado a prisión a dos expresidentes, como es el caso de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Michel Temer (2016-2018), sino que de alguna forma u otra, ha salpicado a todos los exmandatarios vivos del país.
Lula y Temer, quien fue detenido este jueves acusado de haber cobrado sobornos, son los dos presos más ilustres de la Lava Jato, que la semana pasada cumplió cinco años y que ha sacudido la vida política brasileña, por el alto número de figuras acusadas.
José Sarney (1985-1990) fue acusado de recibir recursos desviados de una empresa estatal, aunque la causa fue archivada el mes pasado por haber prescrito. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal (STF) tiene sobre la mesa una denuncia contra el expresidente por organización criminal.
Por su parte, Fernando Collor (1990-1992) y Dilma Rousseff (2011-2016), son reos en acciones derivadas de la Lava Jato. Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) era el único exmandatario cuyo nombre no se había asociado a las investigaciones, aunque los ejecutivos de la constructora Odebrecht que en 2017 hicieron una delación a la Justicia lo acusaron de haber recibido financiación ilegal para sus campañas políticas.
La jueza responsable del caso entendió que como ello ocurrió hace más de 20 años, los posibles delitos ya han prescrito.
El cerco a los expresidentes empezó en el primer año de la Lava Jato, en 2014, cuando el dolero (que cambia dólares) Alberto Yousseff, con el que se inició el caso, acusó al expresidente Collor de haber recibido sobornos por parte de la estatal BR Distribuidora. Collor, senador y reo en la Corte Suprema, siempre negó las acusaciones.
Por su parte, a finales de 2015 la Lava Jato empezó a investigar la relación del expresidente Lula da Silva con las constructoras OAS y Odebrecht, hasta que en julio de 2017, fue condenado a prisión por haber recibido supuestamente un apartamento de OAS en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favorecerla en contratos con el poder.
Lula, preso desde el 7 de abril del año pasado, recibió recientemente una nueva condena, superior a los doce años, por haber reformado una hacienda propiedad de un amigo suyo, aunque se sospecha que es él el verdadero dueño. La remodelación la pagó Odebrecht.
Su sucesora y compañera de formación en el Partido de los Trabajadores (PT) Dilma Rousseff, destituida del cargo a mediados de 2016 por supuestas irregularidades fiscales, fue acusada por la Fiscalía de integrar una organización criminal junto con miembros del PT, que se habrían embolsado millones de dólares con sobornos en contratos públicos. Rousseff es reo en la Justicia por esta denuncia desde noviembre del año pasado.
El sucesor de Rousseff en la Presidencia, Michel Temer, fue denunciado dos veces durante su breve mandato por la Fiscalía por corrupción y lavado de dinero, aunque en ambas ocasiones, la Cámara de Diputados desestimó las acusaciones contra él y le permitieron seguir en el cargo.
Sin embargo, Temer, que como presidente gozaba de fuero privilegiado, vio como al dejar la Presidencia las causas en su contra pasaban a la primera instancia, más rápida en sus decisiones, y fue detenido apenas 80 días después de dejar el máximo cargo del país.
Temer fue detenido por otra investigación de la Lava Jato, acusado de recibir sobornos de la constructora Engevix en las obras para la construcción de la central nuclear Angra 3, en el estado de Río de Janeiro.
