Un informe de la Interpol revela que hay por lo menos 25 grupos ilegales dedicados a esta actividad.
El tráfico de migrantes en el país se consolida como una fructífera economía ilegal que deja ganancias a gran escala. Un reciente informe de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) e Interpol, conocido por El Espectador, indica que este fenómeno deja dividendos semanales por más de $3.000 millones (US$988.385) y que hubo un estrepitoso incremento del tráfico de 284% entre 2015 y 2016. Es decir, se pasó de 8.855 a 33.981 migrantes detectados en el país en tan sólo un año. Por eso, la Interpol, la Fiscalía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) trabajan en nuevas estrategias que les permitan llegar más allá de los “coyotes”.
El documento, que tomó para su estudio la información del período de 2006 a 2016, sostiene que en esa década se han detectado 48.917 migrantes en territorio nacional, a través de nueve rutas que vinculan a 21 departamentos. Sólo este año, entre enero y abril, se han registrado 2.024 casos. Uno de los más recientes —y más publicitados— fue el de cinco integrantes de una familia iraquí que terminaron en Cali engañados por un coyote con quien habían negociado el viaje a Estados Unidos. En junio de este año, los extranjeros fueron dejados a la deriva y el Gobierno les otorgó la condición de refugiados.
“Hay que dejar claro que Colombia no es destino final. Simplemente es un corredor estratégico en busca de Estados Unidos, Canadá o Europa”, dijo uno de los investigadores de la Interpol. La radiografía de la migración en el país permite establecer que las mafias que se han formado alrededor de este asunto ofrecen dos planes que dependen de la capacidad económica del viajero. Se trata de planes tipo A y B, que tienen diferentes características para cumplir en mayor o menor tiempo el anhelado sueño americano o el sueño europeo.
El dinero lo es todo. El plan tipo A vale cerca de US$3.600 (unos $11 millones) y está destinado a migrantes con solvencia económica. Al mejor estilo de un portafolio de servicios, las organizaciones ilegales están ofreciendo rutas, transporte, documentos de identidad falsos y hasta alojamientos en hoteles y casas de familia ubicados, principalmente, en barrios de la capital como Fontibón, Engativá o Chapinero, o en ciudades como Medellín y Cali. Son ubicaciones estratégicas para mover a las personas de un país a otro. “Las organizaciones que mueven migrantes en clase alta son un caso particular, porque entran y salen de Colombia por vía aérea”, agrega otro de los investigadores.
Estas rutas, que por lo general son tomadas por migrantes de nacionalidad cubana, ofrecen otras alternativas, como trabajos temporales para pagar el valor del plan. Por su formación en áreas de medicina, usualmente son contratados en centros de salud de categoría baja ubicados en municipios aledaños a Bogotá y, en menor cantidad, en comercios informales. En este caso, el migrante debe trabajar tres meses para, además de pagar su viaje, solventar la estadía y obtener la documentación falsificada pero necesaria para salir rumbo a México, Nicaragua o España. Cinco centros de salud ubicados en Kennedy, Mosquera y Madrid están en la mira de la justicia.
La Interpol también ha venido analizando las causas del incremento de los migrantes en Colombia. Se destaca, por ejemplo, el endurecimiento de las leyes de inmigración y la seguridad fronteriza en Estados Unidos, así como el programa de cielos abiertos que tiene Ecuador con varios países extranjeros. Pero existen otras, como los conflictos armados de Oriente Medio y el norte de África o la culminación de los escenarios deportivos del Mundial de Brasil 2014 —haitianos que fueron contratados empezaron a migrar hacia otras naciones—. De hecho, estos factores fueron determinantes para el incremento del tránsito irregular de personas que han optado por el plan tipo B.
Haití, Cuba y Venezuela, de América; China, Nepal, Bangladés, India y Pakistán, de Asia, y Senegal, Somalia, Ghana y Congo, de África, son algunas nacionalidades detectadas en trochas colombianas. Este plan, tasado en el mundo del hampa por unos US$1.560 ($4,7 millones), sortea escabrosos caminos marítimos y terrestres para migrantes con un único propósito: llegar al Urabá antioqueño. Esa zona, denominada el “Embudo”, porque allí desemboca gran parte de las sendas ilegales, es estratégica por su geografía al tener muy cerca a Panamá, una de las naciones que están en el derrotero de las mafias internacionales de tráfico de migrantes.
El itinerario de un migrante tipo B en el país comienza cuando entra por alguno de los 247 pasos informales que hay en la frontera con Venezuela, 57 con Brasil y Perú, o 76 con Ecuador. Al evadir el control migratorio, y previa concertación con la red internacional, llegan a ciudades fronterizas como Ipiales, Cúcuta, Maicao, Putumayo o Tumaco, donde son contactados por el famoso coyote para iniciar la expedición, que puede tardar de cinco a ocho días. Los recorridos consisten en extensos trayectos diarios que pueden durar fácilmente 16 horas. Llegada la noche descansan en cuartos precarios ubicados en casas de familia o rústicos sitios anticipadamente establecidos por tiempos limitados.
Es en este plan donde entran más actores al juego ilegal. En la investigación adelantada bajo el mando del director de la Dijín, el general Jorge Luis Vargas, la Interpol identificó que empresas de turismo legalmente constituidas facilitan movimientos de migrantes. Igualmente existen compañías de transporte público que, para evadir controles de autoridades, emplean a migrantes por períodos cortos para ocultar su actividad irregular, logrando así transportar una mayor cantidad. Se han identificado 17 empresas de transporte intermunicipal que han sido utilizadas para traficar migrantes y que se mueven sobre todo por el suroccidente del país. Para no entorpecer la investigación, este diario omite sus nombres.
Llegar al Urabá es para el migrante el preludio a una nueva travesía, esta vez el desafío de cruzar el tapón del Darién. La Interpol identificó que, para el paso de esta espesa y extensa selva, indígenas del sector están contactando a migrantes a través de las organizaciones ilegales para acompañarlos en su ruta a cambio de un pago que ronda los US$50 por persona ($150.000). Incluso ofrecen servicios de caballos para evitar el cansancio de caminar entre matorrales y estrecheces. “Tenemos agentes y policías encubiertos dentro de las organizaciones criminales. Todos los días nacen nuevas rutas y por eso las estamos demarcando por GPS”, explicó uno de los agentes.
Así opera el hampa. El pasado 28 de mayo, El Espectador reportó la captura de Fredy Valencia Palacios, uno de los supuestos responsables de degollar a los cubanos Edelvis Martínez Aguilar y Dunieski Eliades Lastres el 9 de septiembre de 2016. Ese día, Martínez y Eliades, en compañía de Liober Santos Corria, fueron abordados por dos coyotes que les exigieron más dinero para completar el recorrido. Al no acceder, amarraron a los hombres y abusaron sexualmente de Edelvis Martínez Aguilar. Aunque ella y Eliades Lastres fueron degollados por los balseros y tirados al agua, Liober Santos Corria logró lanzarse a la ciénaga de Matuntubo, alejándose de la lancha y salvando su vida.
Valencia Palacios tenía en su contra una circular roja de la Interpol y era el eslabón entre redes colombianas y mafias internacionales. Pertenecía al Clan del Golfo, la organización que, según las autoridades, además de haber desarrollado una estructura para traficar con migrantes, está ofreciendo “franquicias” para que otros grupos ilegales usen su nombre y también trafiquen con personas. Estas organizaciones, señala el informe de la Interpol, están estructuradas en cuatro niveles jerárquicos con roles específicos para lograr su cometido de “exportar” semanalmente de 150 a 300 personas en el plan tipo A y de 300 a 550 migrantes en el tipo B.
Según la Interpol, serían 25 las organizaciones que estarían detrás del tráfico de migrantes, entre las que se destacan los Sureños, la Amazonia, la Organización del Waffe y el Clan del Golfo. Operan de la siguiente manera: un “enlace internacional” que, además de establecer si el migrante es tipo A o B, coordina el tránsito por los demás países y controla los ingresos y salidas por territorios colombianos. Un escalón más abajo se encuentra el líder. Este opera como coordinador y delegado sobre las rutas que deberán tomar los migrantes para el ingreso, el tránsito y la salida del país. Posteriormente se encuentra el “coordinador de segmento”, la persona encargada del transporte, el hospedaje y los documentos falsos. En el último lugar están los coyotes, que no son otra cosa que quienes acompañan a los migrantes en su recurrido por el país.
El SPOA, la base de datos del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, muestra que, a corte de 2016, se han abierto 591 procesos judiciales que vinculan a 923 personas por tráfico de migrantes. Sin embargo, la Dijín señala que el 78 % de estas indagaciones están enfocadas en el eslabón más débil: los coyotes. Varias instituciones estatales, como Migración Colombia, la Registraduría y Planeación Nacional, entre otras, plantean la necesidad de implementar estrategias y acciones conjuntas para evitar el incremento del tráfico de migrantes. Por su parte, la Policía, en asocio con la Fiscalía, pretende crear un nuevo modelo investigativo. Ellos saben bien que mientras sólo atrapen coyotes, poco o nada se gana.
