A través de una nota de prensa, Gerardo Távara, expresó su sorpresa y preocupación por el nuevo pedido de ampliación de plazo formulado por el grupo de trabajo de reforma electoral del Congreso, que encabeza la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Donayre.
El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, advirtió que se corre el riesgo de no contar con una reforma electoral aprobada en el Congreso antes de los comicios regionales y municipales del próximo año.
A través de una nota de prensa, expresó su sorpresa y preocupación por el nuevo pedido de ampliación de plazo formulado por el grupo de trabajo de reforma electoral del Congreso, que encabeza la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Donayre.
"Ha pedido plazo hasta el 16 de mayo para presentar su informe a la Comisión de Constitución, pero si consideramos que la legislatura termina el 15 de junio el riesgo es que no alcance el tiempo para el debate que necesariamente debe darse primero en Constitución y luego en el Pleno", puntualizó.
Távara recordó que el grupo de trabajo de reforma electoral se formó al interior de Constitución el 23 de agosto de 2016 con un plazo de 120 días y el 13 de diciembre presentó un informe preliminar y solicitó ampliación de 120 días que vence el 25 de abril; sin embargo se le ha otorgado 30 días más.
Lo que dicho grupo debe presentar, dijo, es un insumo para que Constitución proceda al debate político y formule un dictamen que luego sea elevado al Pleno del Parlamento.
"El debate en la comisión requiere tiempo, pues en este se expresan con mayor claridad las posiciones políticas de todas las bancadas, debate que luego será ampliado en el Pleno para alcanzar consenso y tomar una decisión", añadió Távara.
"La reforma electoral es un tema largamente esperado y tiene especialísima urgencia dada la proximidad de las elecciones regionales y municipales del 2018, si seguimos ampliando los plazos corremos el riesgo de no tener la reforma antes de las elecciones 2018", añadió.
Según refirió, dentro de la reforma hay temas prioritarios como el control de financiamiento de campañas electorales y de requisitos y restricciones para postular a cargos de elección popular, incluyendo el caso de quienes tienen sentencias o están bajo prisión preventiva por corrupción.
Ante ello, reiteró su llamado a la Comisión de Constitución a proceder con el debate de estos puntos sobre la base de las propuestas presentadas por diversas bancadas, los organismos del sistema electoral, la Comisión Presidencial de Integridad y la propia Transparencia.
