Se estima que entre 1973 y 1990 la dictadura de Augusto Pinochet habría asesinado a 3.200 personas y torturado a otras 28.000.

A más de dos décadas del regreso de la democracia, la Justicia chilena está tomando medidas enérgicas contra los crímenes cometidos durante la dictadura, antes de que la muerte de testigos, víctimas y acusados lo haga imposible.

Se estima que entre 1973 y 1990 la dictadura de Augusto Pinochet habría asesinado a 3.200 personas y torturado a otras 28.000.

A diferencia de otros países de América Latina, el gobierno militar de Chile mantuvo después de su caída el apoyo de los sectores conservadores, que por años bloquearon los intentos de enjuiciar los crímenes de la dictadura.

Pinochet murió en 2006 sin haber sido condenado por abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, en el último tiempo las actitudes han cambiado de la mano del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien asumió el año pasado.

"Lo que estamos haciendo es una justicia restaurativa", dijo a Reuters Muñoz, un abierto crítico del legado de Pinochet y el jefe de la Corte Suprema más joven en la historia de Chile.

"Chile ha evolucionado de apartarse de estas cuestiones a poder enfrentarlas", agregó el funcionario, de 58 años.

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que los jueces han enviado cerca de 400 casos a los fiscales desde enero de 2014, cuando el tribunal eligió a Muñoz como presidente.

Se trata de un fuerte aumento respecto a años anteriores, dicen abogados, y se espera que se incrementen considerablemente las 1.149 condenas dictadas por crímenes contra los derechos humanos en la dictadura desde el retorno a la democracia en 1990.

"Serán castigados"

Muñoz, un juez que ganó reputación por valientes decisiones tomadas durante sus 31 años en la corte, dijo que se necesita empuje para cerrar uno de los capítulos más oscuros de Chile.

"Para los victimarios, esto significa que el Estado no se ha olvidado de lo que has hecho, y usted será castigado", dijo Muñoz.

En una ruptura con el pasado, Muñoz se reúne regularmente con los jueces que llevan adelante las investigaciones, pidiéndoles que obtengan datos, que aumenten la retroalimentación y fijando plazos.

También ha nombrado un enlace con los militares, que se encarga de obtener información de los oficiales que abogados y activistas de derechos humanos dicen que tienen y no entregan por la costumbre de proteger a los suyos.

"En el pasado, los investigadores podían pedir información a los militares y estos volvían nueve meses más tarde diciendo que el documento había sido incinerado o destruido", dijo Alejandro Solís, el enlace y ex juez de derechos humanos.

"Pero durante ese tiempo, nadie en realidad preguntaba, 'Bueno, ¿quién lo destruyó?'".

Los investigadores también han sido ayudados por los forenses modernos, que ahora pueden identificar restos con fragmentos corporales más pequeños y menos material genético que antes.

Las encuestas muestran que el apoyo a Pinochet ha disminuido en los últimos años y ahora hay poca oposición a la búsqueda de ex militares acusados ​​de violaciones de derechos humanos.

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, ha expresado su apoyo a las acciones judiciales, diciendo que el Ejército debe transformarse en "una institución para el futuro".