La "tregua" iniciada el 9 de marzo por la Mara Salvatrucha (MS) y la Barrio 18 (M18) hasta el momento consiste en que no se maten entre sus miembros, y ha redundado en un descenso de los homicidios en un 60%, según datos de la policía.
San Salvador, EFE. Una polémica "tregua" entre las principales pandillas redujo en 2012 los homicidios en El Salvador, país que también atravesó una grave crisis institucional por la anulación de la elección de magistrados del Poder Judicial.
La "tregua" iniciada el 9 de marzo por la Mara Salvatrucha (MS) y la Barrio 18 (M18) hasta el momento consiste en que no se maten entre sus miembros, y ha redundado en un descenso de los homicidios en un 60%, ya que el promedio ha pasado de catorce diarios a alrededor de cinco, según datos de la Policía.
El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, afirma que la "tregua" es algo "inédito" no sólo en El Salvador sino en Latinoamérica, y que ha permitido que la tasa de homicidios en su país haya bajado de 68 a 23 por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, el éxito de la "tregua" proclamado por el gobierno no ha borrado el escepticismo y las dudas de distintos sectores sociales y políticos de El Salvador, e incluso de la comunidad internacional, acerca de la verdadera naturaleza del pacto.
El gobierno rechaza señalamientos de que en realidad negoció con las pandillas la disminución de crímenes a cambio de beneficios carcelarios y otras concesiones.
"¿En qué estado se encuentra la tregua entre pandillas?, es difícil saber. El papel del gobierno para mí no es cien por ciento claro, necesitamos un poco más de transparencia", resumió la embajadora británica en El Salvador, Linda Cross, en una entrevista publicada por el diario La Prensa Gráfica el 27 de noviembre.
Además, aunque hay menos asesinatos entre pandilleros, persisten los delitos de éstos contra la población, sobre todo las extorsiones, así como la desaparición de personas vinculadas o víctimas de las maras.
El ministro de Seguridad, David Munguía Payés, ha reconocido que las pandillas siguen siendo "el principal generador de violencia en el país", y ha afirmado que el fortalecimiento de las operaciones de la policía también ha contribuido a bajar los homicidios.
Oficialmente, la "tregua" ha sido presentada como producto de la mediación del obispo castrense, Fabio Colindres, y del exdiputado del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Raúl Mijango, al margen del Gobierno.
Sin embargo, Munguía Payés reconoció en una entrevista publicada por La Prensa Gráfica el 21 de noviembre: "La tregua fue una estrategia, fue una respuesta a un problema y fue una respuesta no ortodoxa".
Como segunda fase de la "tregua", Colindres y Mijango propusieron el 22 de noviembre crear "santuarios" o municipios libres de violencia, mediante acuerdos de no agresión entre pandilleros y en los que no habría operaciones policiales contra éstos.
Asimismo, Mijango ha adelantado que prevén pedir al Parlamento la derogación de la ley antipandillas, vigente desde 2010, que proscribe a las maras y penaliza la pertenencia a ellas.
En 2012, El Salvador también vivió una de sus peores crisis institucionales de los últimos años porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló el 5 de junio las elecciones de magistrados de este órgano hechas por la Asamblea Legislativa en 2006 y en abril.
La Sala argumentó que una misma legislatura no puede llevar a cabo elecciones de segundo grado en dos ocasiones y ya se había cumplido la primera.
Por la misma razón, la Sala anuló el 10 de julio la elección de Astor Escalante como nuevo fiscal general, lo que estuvo cerca de generar una nueva crisis institucional, pues el período del anterior, Romeo Barahona, terminó el 18 de septiembre, pero finalmente el Parlamento eligió el 4 de diciembre a Luis Antonio Martínez.
La crisis de los magistrados terminó el 21 de agosto, producto de un acuerdo entre los partidos políticos y Funes, pero el Parlamento demoró unos cinco meses en superar el conflicto del fiscal general.
La relatora de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, señaló el 26 de noviembre que la crisis de los magistrados reflejó las "serias interferencias" y "amenazas" de otros poderes públicos contra el Órgano Judicial.
