De esta forma, el máximo intérprete de la Constitución de Perú evaluará en las próximas semanas la constitucionalidad de la decisión tomada hace casi un mes por el presidente Martín Vizcarra de disolver el Parlamento.
Lima. El Tribunal Constitucional admitió este martes la demanda competencial por la disolución del Congreso que había sido presentada por Pedro Olaechea, quien era el presidente del Parlamento.
La decisión de admitir a debate la demanda presentada por el líder del Congreso disuelto -de mayoría opositora- fue unánime por parte de los siete miembros del Tribunal Constitucional, dijo a periodistas el presidente del organismo, Ernesto Blume.
De esta forma, el máximo intérprete de la Constitución de Perú evaluará en un lapso de tres a cuatro meses la constitucionalidad de la decisión tomada hace casi un mes por el presidente Martín Vizcarra de disolver el Parlamento.
El Tribunal informará acerca de la admisión al Poder Ejecutivo, a fin de que conteste la demanda en el plazo correspondiente y ejerza su derecho a la defensa.
En la misma sesión se declaró calificar de “improcedente” la medida cautelar que presentó Olaechea para suspender los efectos de la disolución del Congreso y que planteaba la incorporación inmediata de los ex legisladores.
Vizcarra, un político centrista, cerró el Congreso tras una larga pugna con la oposición, una decisión que fue respaldada por las fuerzas armadas y la población, que se manifestó en las calles contra el desacreditado Parlamento.
Con esta última decisión, el Parlamento continuará bajo los efectos de la disolución y solo seguirá operando la Comisión Permanente.
La decisión del mandatario, que ha catapultado su popularidad a niveles máximos, fue detonada por la aprobación por parte del Congreso unicameral del nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, que dirime entre otras cosas los conflictos entre poderes del Estado.
El Ejecutivo respondió a la decisión de la máxima instancia reiterando que es respetuoso de las medidas que adopta el Tribunal Constitucional. "Son clara muestra de que el Estado de derecho y la democracia están plenamente vigentes en nuestro país", dijo la Presidencia del Consejo de Ministros.
"Siempre nuestro actuar ha estado dentro del marco de la Constitución", subrayó.
El cierre del Congreso no ha recibido la condena de ninguna institución pública u organismo internacional, pero la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió que el Tribunal Constitucional de Perú podría pronunciarse para acabar con la controversia legal en torno a lo hecho por Vizcarra.
*Con información de El Comercio y Reuters.