El magistrado Carlos Ramos avaló en su ponencia la disolución del parlamento por considerar que "si tuvo lugar" la denegación de la confianza al Gabinete que encabezó Salvador del Solar, el pasado 30 de setiembre.

Lima. El Tribunal Constitucional de Perú resolvió este martes por mayoría que la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra fue legal, zanjando el debate sobre el tema que allana además las elecciones legislativas del 26 de enero.

Por cuatro votos a favor y tres en contra, el tribunal declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad presentada a fines de octubre por el jefe del Congreso disuelto dominado por la oposición, sobre la medida de cierre del Parlamento que tomó Vizcarra a fines de septiembre.

Tras el cierre, el mandatario peruano convocó para fines de enero a elecciones para completar el periodo legislativo en julio del 2021, un proceso ya en marcha en la que participan una veintena de partidos políticos. Los opositores querían que se restituyeran las funciones del Congreso disuelto.

Vizcarra, un político centrista, cerró el Congreso tras una larga pugna con la oposición, una decisión que fue respaldada por las Fuerzas Armadas y la población, que se manifestó en las calles contra el desacreditado Parlamento. 

El mandatario celebró la decisión del máximo tribunal afirmando que el Gobierno actuó cumpliendo los procedimientos constitucionales y legales. "Obramos cumpliendo la constitución", dijo.

"Hoy el TC (Tribunal Constitucional), máximo intérprete de la Constitución, ha cerrado este capítulo", señaló el mandatario en un mensaje vía Twitter, donde invocó a seguir trabajando juntos.

Tras el cierre del Congreso, se estableció un cronograma para elegir a los nuevos integrantes del Legislativo. La elección está prevista para este 26 de enero.

La disolución había sido rechazada en su mayoría por legisladores del partido Fuerza Popular de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien está siendo investigada por presunto lavado de dinero y recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral del 2011.

La decisión de Vizcarra, que catapultó su popularidad a niveles máximos, fue detonada por la aprobación por parte del Congreso unicameral del nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, que dirime entre otras cosas los conflictos entre poderes del Estado. 

*Con información de Reuters y Andina.