El ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Julio Salazar Monroe, fue sentenciado como autor mediato de los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado por el secuestro y posterior desaparición de nueve estudiantes y un profesor en 1992.

Lima, EFE. El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó una demanda de hábeas corpus interpuesta por el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Julio Salazar Monroe, para que se anule la sentencia de 25 años de prisión que se le impuso por el caso de la matanza de La Cantuta, de 1992.

Un comunicado oficial informó de que el TC declaró improcedente la demanda "en el extremo que se alegaba la insuficiencia probatoria; e infundada en lo demás, al no haberse acreditado la vulneración del derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales".

El ex general Salazar Monroe fue sentenciado como autor mediato de los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado por el secuestro y posterior desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), a manos del destacamento militar encubierto Colina.

El Tribunal Constitucional señaló que las resoluciones judiciales establecen que la responsabilidad penal del ex general "ha sido debidamente sustentada por los órganos jurisdiccionales emplazados".

Aseguró, además, que la sentencia del tribunal está justificada al "considerar la participación del acusado en su calidad de autor mediato dentro de un aparato jerarquizado".

El TC también informó de que ha desestimado otras tres demandas de Salazar Monroe sobre una supuesta vulneración de su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

El ex general fue una las personas condenadas por la desaparición y asesinato extrajudicial de los estudiantes y el profesor de La Cantuta, uno de los casos de violaciones a los derechos humanos más notorios cometidos por el grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

El exmandatario también cumple una sentencia a 25 años de prisión por este caso y por la matanza de Barrios Altos, en la que murieron 15 personas, además del secuestro de un periodista y un empresario tras el "autogolpe" de Estado que dio el 5 abril de 1992.