Utilizando una combinación de medidas legales, demandas de difamación e insultos públicos, Correa ha convertido a Ecuador en uno de los países con peores registros en materia de libertad de prensa en la región, según la investigación del CPJ.
Bogotá. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está alarmado por una decisión del más alto tribunal de Ecuador que abre el camino para una enmienda constitucional que clasificaría la comunicación como un "servicio público" sujeto a la regulación gubernamental.
La Corte Constitucional anunció el 31 de octubre que la propuesta enmienda debe ser decidida por la Asamblea Nacional y no por referéndum, el método promovido por la oposición, según informes de prensa. La legislatura está dominada por Alianza País, el partido izquierdista del presidente Rafael Correa, quien apoya firmemente una mayor regulación estatal de los medios.
"Rafael Correa ha utilizado el argumento de la comunicación como un 'servicio público' como pretexto para regular a los medios e influir en la cobertura informativa de su gobierno", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ desde Nueva York. "Exhortamos a los asambleístas ecuatorianos a modificar la enmienda constitucional para asegurar que respete garantías internacionales sobre libertad de expresión".
La ley de Comunicación de Ecuador promulgada en 2013, define en forma amplia e imprecisa a la "comunicación" como un servicio público y estipula que los medios están sujetos a regulación por un ente estatal. La ley tiene un lenguaje ambiguo que establece el derecho ciudadano a información veraz, verificada, contextualizada y oportuna a riesgo de enfrentar penas civiles y penales. Además requiere que la prensa cubra eventos de "interés público" como las visitas presidenciales. La ley ha resultado en decenas de multas y sanciones contra los medios independientes y como impacto general ha producido un efecto inhibidor sobre los periodistas que intentan realizar periodismo de investigación, según la investigación del CPJ.
Sin embargo, se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad por parte de críticos que insisten que la libertad de prensa debe ser considerada un derecho humano e individual. De ser aprobada, la enmienda elevará la definición de servicio público al más alto rango legal y dejará sin efecto cualquier posibilidad de hacer frente a la reforma en la justicia, según indicó al CPJ Martha Roldós, analista de medios y ex asambleísta de la oposición.
La enmienda fue propuesta en un discurso de junio pronunciado por el Presidente Correa, quien mantiene un duro enfrentamiento con la prensa independiente. Con frecuencia, Correa realiza acusaciones generalizadas contra la prensa a quien acuso de corrupta, insulta los periodistas y rompe periódicos en lugares públicos. En dos casos distintos ha iniciado demandas por difamación contra el diario El Universo y dos periodistas de investigación que escribieron un libro sobre corrupción en su gobierno.
Simpatizantes del gobierno describen este esfuerzo como un intento por "democratizar" a los medios, que aseguran son controlados por inescrupulosos intereses privados que los militantes sostienen son demasiado poderosos para autoregularse. Desestiman los comentarios que aseguran que el gobierno está intentando ganar un control amplio sobre los medios de prensa.
Pero los críticos afirman que la enmienda propuesta abre las puertas para una aún mayor intervención del Estado. Roldós indicó al CPJ que los servicios públicos sólo pueden ser facilitados por entidades que reciben concesiones por parte del estado. En teoría, señaló, un diario independiente necesitaría una concesión otorgada por el estado para circular y esas concesiones podrían ser revocadas al antojo del gobierno.
La reforma propuesta es una de las 16 enmiendas constitucionales que, según Roldós, serán votadas el próximo año en la Asamblea Nacional. Las reformas incluyen una enmienda para eliminar límites al mandato del presidente que podría permitir a Correa, quien fue reelecto por primera vez en 2006, reelegirse en forma indefinida.
Utilizando una combinación de medidas legales, demandas de difamación e insultos públicos, Correa ha convertido a Ecuador en uno de los países con peores registros en materia de libertad de prensa en la región, según la investigación del CPJ.
