La justicia helvética desestimó un recurso que buscaba evitar la divulgación de informaciones bancarias, en el marco del proceso judicial que se le sigue al ex mandatario y su esposa, vinculados a la corrupción de Odebrecht.

Lima. El Tribunal Penal Federal de Suiza desestimó un recurso presentado por la hermana del ex presidente Ollanta Humala para evitar la divulgación de informaciones relacionadas a sus cuentas bancarias, a las que su cuñada, la exprimera dama Nadine Heredia habría realizado transferencias.

Así lo señala una decisión de la instancia jurisdiccional publicada este miércoles y según la cual también se intentaba que no se difundiera el contenido de la caja fuerte de Ivoska Humala, quien reside en Suiza, informó la agencia Efe.

La justicia helvética analizó el caso en el marco de una petición de cooperación judicial que presentaron las autoridades peruanas dentro de un proceso que se sigue al ex mandatario y su esposa, ambos en prisión preventiva desde el pasado julio por presuntos actos de corrupción.

La justicia peruana investiga supuestos aportes irregulares de la compañía brasileña Odebrecht, entre otros, a la campaña electoral del Partido Nacionalista Peruano de 2006 y 2011.

Según el Tribunal Penal Federal, una parte del dinero habría sido empleado para la campaña a la presidencia pero no fue declarada como tal en la instancia nacional peruana, y otra para la compra de propiedades y otros gastos personales.

Además, revela que ciertas transferencias se habrían efectuado directamente a la exprimera dama peruana.

Ivoska Humala presentó un recurso contra la publicación de todo dato relativo a sus cuentas con el argumento de que los delitos que se persiguen en Perú son de naturaleza política, por lo que las obligaciones que implica una petición de cooperación judicial no se aplicarían en este caso.

Sin embargo, el Tribunal suizo consideró que tal argumento no es pertinente porque los delitos de corrupción mencionados en la demanda peruana no fueron cometidos en el marco de una lucha real por el poder en el seno del Estado peruano.

Desde el punto de vista de los magistrados, esos delitos corresponden a intereses económicos y financieros de las personas involucradas.