Un fallo inédito emitido por la Suprema Corte de Justicia permitirá que los tribunales civiles podrán juzgar a militares mexicanos por violaciones a los derechos humanos, en momentos en que efectivos del Ejército han sido acusados de abusos en la ofensiva contra el narcotráfico.

México DF. Los tribunales civiles podrán juzgar a militares mexicanos por violaciones a los derechos humanos, según un fallo inédito emitido por la Suprema Corte de Justicia en momentos en que efectivos del Ejército han sido acusados de abusos en la ofensiva contra el narcotráfico.

Grupos de derechos humanos han denunciado que México -donde una cruzada del gobierno contra los cárteles de la droga ha dejado unos 40.000 muertos desde el 2006- sufre de homicidios ilegítimos o desapariciones forzadas a manos de militares.

Activistas han criticado el papel del Ejército en labores policiales, como la ofensiva antidrogas.

Hasta ahora la justicia militar ha tenido la exclusividad de llevar a juicio a integrantes de las Fuerzas Armadas por acusaciones de violar los derechos humanos de civiles.

"Siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicción será del fuero común y no la jurisdicción militar", dijo el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar.

Sentencia de Corte Interamericana de DD.HH. La Corte emitió el fallo, que no modificó el código de justicia militar, mientras revisaba una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco en 1974 por parte de militares en la llamada "guerra sucia" del gobierno contra izquierdistas.

La CIDH ordenó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias para que este tipo de actos no vuelvan a cometerse.

"Se decidió por unanimidad de 10 votos que todos los jueces del Estado mexicano deben replicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco", dijo la Corte en una tarjeta informativa.

El gobierno de Calderón, en un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que colaborará para implementar la decisión de la corte mientras fortalece "la aplicación de la jurisdicción militar en la conservación de la disciplina castrense".