El hecho de que Colombia haga justicia y responsabilice a los responsables de crímenes de guerra, y cómo lo haga, es una prueba clave para la nación, dicen los expertos, y una medida de su capacidad para avanzar más allá de décadas de guerra.
Bogotá. Cada vez que María Alejandra Mahecha ve la cicatriz provocada por un machete en la cara de su padre, recuerda un ataque brutal hace 15 años y las heridas visibles de la guerra de Colombia.
Mahecha dice que el grupo rebelde marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ejecutó el ataque que obligó a su familia a huir de su casa en el sur, donde tenían un comercio.
"Casi le cuesta la vida a mi padre", dice Mahecha, de 23 años.
La guerra civil de cinco décadas en Colombia enfrentó a los rebeldes izquierdistas contra las fuerzas del Gobierno y los grupos paramilitares de ultraderecha.
El conflicto causó la muerte de al menos 200.000 personas, el desplazamiento de 7,5 millones de personas y sumó al menos 60.000 desaparecidos, según cifras del Gobierno.
Sin embargo, luego de un acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, ahora un partido político conocido como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Colombia se está preparando para investigar a los responsables de atrocidades.
Tribunales de guerra y comisiones de la verdad comenzarían a trabajar una vez que esté finalizado el marco legal, y eso podría ocurrir para septiembre, dijo un funcionario.
La tarea de los tribunales será investigar a los responsables de haber cometido atrocidades a los derechos humanos durante la guerra, incluidos el desplazamiento forzado, las desapariciones y las matanzas. Sus poderes para dictar sentencia son limitados y eso ha generado controversia.
"El primer paso es comprender y aceptar que se trata de justicia transicional y no de justicia ordinaria", dice Mahecha, quien representa a los jóvenes en uno de los comités provinciales de víctimas de guerra.
"Es un paso necesario que se debe dar para que ocurra cualquier clase de justicia", añadió.
El hecho de que Colombia haga justicia y responsabilice a los responsables de crímenes de guerra, y cómo lo haga, es una prueba clave para la nación, dicen los expertos, y una medida de su capacidad para avanzar más allá de décadas de guerra.
Los grupos de derechos de las víctimas se encuentran entre los que han dicho que la administración de justicia es esencial para la paz, la reconciliación y la posibilidad de romper el ciclo de la violencia.
"La justicia para las víctimas es saber la verdad", dice Mahecha. "Tenemos que saber qué sucedió".
Una tarea colosal. Durante la próxima década, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -el órgano judicial responsable del proceso- analizará decenas de miles de testimonios de víctimas y juzgará a exrebeldes, militares y civiles acusados de abusos de derechos.
Debido a la duración de la guerra y al alto número de grupos armados involucrados, la tarea de descubrir la verdad y asignar responsabilidades es colosal, dijo Mirtha Linares, presidenta de la JEP.
La priorización de los casos será clave para el éxito de la JEP, agregó a la Fundación Thomson Reuters. Esos procesos probablemente incluyen desapariciones forzadas y desplazamientos, así como el reclutamiento de niños en grupos armados.
La máxima corte de Colombia está considerando actualmente si miles de casos de violencia sexual, entre ellos violaciones, que fueron cometidos por todas las facciones, serán juzgados por el JEP o serán tratados por el sistema de justicia penal.
En los próximos meses, los jueces del JEP -más de la mitad de los cuales son mujeres- seleccionarán los casos que consideren más representativos de las atrocidades cometidas. Apuntarán a emitir veredictos rápidamente.
"Si no lo logramos, no sólo implicará el fracaso del JEP (...) sino, además, la falta de esperanza de que estos conflictos entre seres humanos puedan resolverse de forma pacífica y mediante la negociación", dijo Linares.
El proceso podría revelar verdades incómodas como el nexo entre la elite política y los grupos armados, señaló.
"(Hay) una clase política que tiene manchas muy graves de corrupción, de compromisos, incluidos los que tienen con grupos armados ilegales como los paramilitares y otros", dijo Linares.
¿Crimen y no castigo?. Para Linares, la tarea del JEP es dar "justicia restaurativa". Eso significa poner énfasis en encontrar la verdad y proporcionar reparaciones a las víctimas como hechos concretos entre los que pueden estar la devolución de tierras y de bienes robados.
Pero muchos colombianos no están de acuerdo con ese enfoque. Temen que los responsables reciban sentencias indulgentes por violaciones graves. Human Rights Watch se hizo eco de esas preocupaciones.
Según los términos del acuerdo de paz, los combatientes rebeldes que admitan crímenes de guerra serán condenados a entre cinco y ocho años de "castigo alternativo".
Lo que eso significará en la práctica no está claro. Las opciones podrían incluir servicio a la comunidad, libertad restringida o arresto domiciliario.
Aquellos que no confiesen y posteriormente sean declarados culpables podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.
Unos 1.750 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y 3.500 combatientes rebeldes desmovilizados, incluidos los principales excomandantes de las FARC, está previsto que comparezcan ante la JEP.
Entre ellos se encuentra el exlíder rebelde de las FARC Rodrigo Londoño, quien dirige el partido político del grupo y ahora es candidato presidencial. Londoño prometió a principios de este mes que diría la verdad.
El tema de la justicia continúa dominando el acalorado debate antes de las elecciones presidenciales de mayo.
"Siento la presión todos los días", dijo Linares.
Pese a que los términos del acuerdo de paz son controversiales, muchas víctimas como Mahecha dicen que la JEP ofrece esperanza.
"Hay que dar y recibir (...) sería ingenuo pensar que ellos (las FARC) van a pagar años en la cárcel", dijo Mahecha.
Para los familiares de las víctimas, el JEP ofrece la esperanza de que finalmente puedan ubicar los cuerpos de sus seres queridos.
"Es una oportunidad para saber qué sucedió", dijo Teresita Gaviria, cuyo hijo adolescente desapareció hace dos décadas. Ella encabeza un grupo llamado Madres De La Candelaria, un colectivo de 1.800 familiares de desaparecidos.
"La justicia es, como mínimo, que los perpetradores reconozcan y admitan sus crímenes", agregó. "La mayoría de nosotros conoce los nombres de las personas que mataron a nuestros hijos e hijas. Lo que queremos saber ahora es dónde están enterrados los cuerpos".
