Los siete miembros de las "fuerzas de seguridad e inteligencia" sancionados están implicados "en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos", indica en un comunicado este viernes la institución europea.
Bruselas. La Unión Europea (UE) sancionó este viernes a siete miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas por "torturas" y otras "violaciones" de derechos humanos, a cuatro de ellos en relación con la muerte del militar Rafael Acosta.
Los siete miembros de las "fuerzas de seguridad e inteligencia" sancionados están implicados "en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos", indica en un comunicado este viernes la institución europea. Acosta falleció a finales de junio en un hospital en Caracas por presuntas torturas durante su detención.
"La UE decidió aplicar medidas específicas adicionales contra siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos", indicó en un comunicado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
Cuatro de los funcionarios sancionados están "relacionados con la muerte del capitán Acosta", precisó el Consejo de la UE en otro comunicado, en referencia al militar fallecido a finales de junio en un hospital en Caracas por presuntas torturas durante su detención.
Los siete funcionarios venezolanos se unen a los 18 sancionados en 2018 por la UE, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar a los países del bloque.
El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, había solicitado la adopción de estas medidas en julio durante una reunión con sus pares, basándose en el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe confirma "de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas", señala el Consejo.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, aunque son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro para aumentar la presión al nivel de Estados Unidos.
Además del embargo de armas en 2017, los europeos sancionaron un año después a varios responsables del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo, así como al dirigente chavista Diosdado Cabello, considerado el número dos del gobierno venezolano.
Los europeos también sancionaron ese año a responsables o ex responsables de las fuerzas de seguridad e inteligencia, entre ellos el actual ministro de Industria, Tareck El Aissami, a quien acusan de ser "responsable" de "torturas".
Con sus sanciones, que son reversibles, y sus contactos diplomáticos, sobre todo a través del Grupo Internacional de Contacto (GIC), la UE presiona por una "solución pacífica, política y democrática" a la crisis en Venezuela.
