La familia del ex presidente venezolano está enfrascada en una fiera disputa legal que tendrá su primer round este lunes en el Undécimo Distrito Judicial del condado de Miami-Dade, Florida, donde se decidirá si sus restos se quedan en Estados Unidos o son enviados a su país natal.

Caracas. Carlos Andrés Pérez, dos veces presidente de Venezuela (1974-1979 y 1989-1993), no ha podido ser sepultado un mes después de su muerte. Su familia sigue enfrascada en una fiera disputa legal que tendrá su primer round este lunes en el Undécimo Distrito Judicial del condado de Miami-Dade (Florida) en donde el juez Arthur Rothenberg decidirá si los restos del ex mandatario se quedan en Estados Unidos o son enviados a su país natal.

El litigio por la posesión del cadáver del ex presidente comenzó pocos días después de su muerte el 25 de diciembre por un ataque cardíaco. Su esposa, Blanca Rodríguez de Pérez, y sus hijos en Venezuela reclamaron los restos del ex gobernante para enterrarlos en Caracas. Inmediatamente su compañera sentimental, Cecilia Matos, y sus dos hijas, se opusieron a la repatriación del cuerpo alegando que él no quería ser sepultado en Venezuela hasta que acabara el actual gobierno del presidente Hugo Chávez.

Según el abogado de Blanca de Pérez, John de León, de la firma Chávez & De Léon, P., ella es la esposa y por eso tiene el derecho a decidir dónde sepultarlo. Carlos Andrés Pérez y Blanca Rodríguez se casaron en 1948 y se divorciaron en 1971, pero nunca pusieron al día la documentación. El letrado explica que bajo la ley del estado de Florida, es la esposa la que determina el lugar del entierro.

Sin embargo, Cecilia Matos y sus hijas, Cecilia Victoria y María Francia Pérez Matos, explican que ante la falta de un testamento, ellas llevan como prueba el contrato de compra de dos lotes en un cementerio de Miami, lo que según ellas, indicaría que el ex presidente quería ser enterrado en esa ciudad estadounidense.

Carolina Pérez Rodríguez duda de la versión de la familia de su papá en Miami, pues afirmó que Pérez no estaba en condiciones de firmar nada por su estado de salud. “Para 2009 sus habilidades motoras y de comunicación estaban seriamente afectadas”. Según los documentos, los lotes de cementerios fueron adquiridos en junio de 2010.

“El tribunal tiene la obligación de escuchar a ambas partes y analizar todas las pruebas”, explicó a la agencia Efe el abogado John de León, quien explicó que la ausencia de un testamento del ex mandatario complicó toda la situación. “Las consecuencias no son sólo de una familia en privado, esto tiene importancia para los intereses de una nación”, dijo.