Los escándalos que afectan al ex presidente colombiano muestran el lado oscuro detrás de sus logros, y a una opinión pública que, por el momento, aún no le da la espalda.

Igual que en “El peor día de su vida”, la sección del programa argentino Videomatch, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez tuvo una de las más nefastas semanas a finales de julio. Por muy pocos días de diferencia, dos de sus más cercanos amigos y ex colaboradores fueron encarcelados en una espiral de escándalos que aún no termina. Hasta uno de sus hijos ha tenido que dar explicaciones.

El ritmo que han adquirido los procesos con la nueva Fiscal General, Vivian Morales, sumado a las revelaciones del gobierno de Juan Manuel Santos, han hecho mella en la imagen del presidente más popular de la historia del país, quien terminó su gobierno en agosto de 2010 con una aprobación de 75%. Un año después ha descendido al 60%, según una encuesta de IPSOS.

“Los temas de corrupción presentados por el gobierno actual no lo están tocando a él directamente, pero evidentemente sí hay muchos escándalos que hablan muy mal de lo que sucedió en su administración”, dice el politólogo César Caballero.

Al cierre de esta edición la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara Baja fue el último escenario en donde el ex Jefe de Estado se defendió de las acusaciones.

“Me preocupa que se acomoden testimonios, que en perjuicio de mi gobierno, de mi familia, y de mi persona, haya confabulación entre las personas que yo extradité y sus víctimas, para salir a maltratarme”, afirmó Uribe Vélez durante su versión libre ante la comisión que investiga su participación en las interceptaciones y seguimientos ilegales de miembros de la oposición, periodistas, magistrados y defensores de derechos humanos, desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia adscrito a la Casa de Nariño.

Según un artículo del estadounidense The Washington Post, el DAS habría usado ayuda de la Casa Blanca en labores de espionaje que tienen en la mira a cinco ex directores de ese organismo, además de haber causado el encarcelamiento de Bernardo Moreno, secretario privado de Uribe durante su segundo mandato.

El ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Mario Aranguren, está enfrentando también un proceso por haber suministrado al DAS información reservada y sin orden judicial de los movimientos bancarios de algunos magistrados de las altas cortes.

Para Gustavo Petro, uno de los políticos objeto de las escuchas, lo importante es demostrar que los seguimientos se hicieron con el consentimiento del ex Jefe del Estado. “La persecución desde el DAS venía siendo dirigida y ordenada desde el despacho del presidente de la República”, dice el ex senador, quien consideró que sólo la justicia internacional podría juzgar a Uribe Vélez, dada la politización de la comisión parlamentaria, donde los miembros de la oposición no han tenido cabida.

Los investigados. Chismes de farándula especulaban si el ex novio de Valerie Domínguez, actriz y reina nacional de belleza 2005, testificaría en su contra dentro del proceso por la asignación irregular de subsidios no reembolsables de Agro Ingreso Seguro (AIS). Justo en ese momento el ex presidente Uribe visitaba a Andrés Felipe Arias, su ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, detenido en las instalaciones militares del Cantón Norte por beneficiar a familias adineradas a través de AIS.

La Fiscalía busca determinar si quienes recibieron los subsidios aportaron dinero a la campaña presidencial de Arias (conocido como “Uribito”), hoy inhabilitado por la Procuraduría por 16 años para ejercer cargos públicos por el manejo de AIS.

Otros altos ex funcionarios conforman el selecto grupo de los investigados. El ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo está dando explicaciones a la justicia sobre la supuesta falsa desmovilización de 66 subversivos. Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior y de Justicia en la primera administración de Uribe, y el ex ministro de Protección Social Diego Palacio están respondiendo por las prebendas dadas a algunos parlamentarios para influir en la votación que aprobó la enmienda constitucional que abrió las puertas al segundo mandato de Uribe.

Cierra el equipo el ex ministro de transporte Andrés Uriel Gallego con una investigación previa en la Fiscalía y la Procuraduría por supuestas irregularidades en contratación, y Edmundo del Castillo, ex secretario jurídico de la presidencia, que además de responder por el mismo caso de Gallego, deberá explicar una reunión que sostuvo, dentro de la Casa de Nariño, con el vocero de las AUC, Antonio López, alias “Job”.

Tomás Uribe Moreno, hijo mayor del ex presidente, está también dando explicaciones sobre su relación con la familia Nule, responsable de millonarios desfalcos en contrataciones. A finales de agosto Tomás aceptó ante la Procuraduría que se reunió en dos oportunidades con Miguel Nule en Panamá, aclarando que fueron encuentros sociales que no tuvieron influencia en la asignación de contratos.

Falsos positivos de la corrupción. Como guinda de la torta, el presidente Juan Manuel Santos ha destapado millonarios desfalcos en los sectores de salud, educación e impuestos que suman alrededor de US$ 46 millones.

“A mí lo que me preocupa es que el gobierno del presidente Santos, en su legítimo derecho de perseguir la corrupción, haga unos shows publicitarios que parecen más escándalos periodísticos que labores de la administración”, dice Uribe Vélez, quien lanzó una velada amenaza a su sucesor. “Ojalá esos hallazgos no se le conviertan en falsos positivos de la corrupción”, refiriéndose al escándalo que involucró a miembros del ejército colombiano con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate.

Para la ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez hay “intereses políticos en la denuncia de las falencias de un gobierno sobre otro, sean falencias derivadas de la corrupción o la falta de controles”. Reconoce, sin embargo, que hay casos donde los escándalos están más que justificados y no son inventos.

Y es que los escándalos salpican precisamente en agencias clave para pacificar el país. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Estupefacientes, en donde se ha dicho que narcotraficantes seguían manejando los bienes incautados a través de documentación falsa y testaferros; o en la estatal Fondelibertad, encargada de la lucha contra el secuestro, donde se encontraron irregularidades en la suscripción de contratos.

Pese a la fidelidad de la bancada uribista en el Parlamento, ésta no ha sido capaz de oponerse a la ofensiva de Santos. La pregunta es si los procesos terminarán afectando la imagen del ex presidente y mermando su poder. Mucho dependerá si en algún momento la justicia termina levantando cargos directos en su contra.

La analista Cecilia López se pregunta por qué la justicia no ha tocado al ex presidente. En su opinión, este debe responder. “O bien él es un mal administrador, o su microgerencia le impidió meterse en los grandes problemas y ver lo que sus funcionarios hacían. Por acción u omisión uno no llega a entender por qué estos escándalos no llegan a tocarlo”, dice.

Pese al panorama gris que enfrenta el ex presidente, la opinión pública aún no le ha dado la espalda y sus logros siguen pesando en el imaginario colombiano. Aunque los métodos hayan sido cuestionables, el país sigue reconociendo los fines.