"Quiero decir, bajo la gravedad del juramento a mis compatriotas, que estos hijos míos no han intervenido en nombramientos, contratos o en decisiones del Estado", dijo Uribe al leer una declaración a los periodistas.
Bogotá. El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, rechazóeste jueves que su hijo mayor haya usado influencias en el nombramientode un funcionario público, en respuesta a una solicitud deinvestigación emitida por la Corte Suprema de Justicia a la FiscalíaGeneral.
Se trata del capítulo más reciente deuna agria disputa que mantiene el saliente mandatario con las altascortes de justicia, que ha llevado cerca de la ruptura las relacionesentre ambos poderes en la nación andina.
"Quierodecir, bajo la gravedad del juramento a mis compatriotas, que estoshijos míos no han intervenido en nombramientos, contratos o endecisiones del Estado", dijo Uribe al leer una declaración a losperiodistas.
"Mi hijo Tomás acudirá con toda laintegridad a la investigación que la Fiscalía quiera adelantar", agregóUribe, flanqueado por sus hijos Tomás y Jerónimo.
Un testigo señaló que Tomás Uribe habría ubicado a un recomendado suyo en una notaría pública.
LaCorte Suprema envió a la Fiscalía General copias de una investigaciónque realiza contra legisladores que posiblemente recibieron beneficiosa cambio de apoyar proyectos clave en el Congreso.
TomásUribe no es congresista, pero medios locales han recogido declaracionesdel testigo Manuel Cuello, quien lo mencionó dentro de una lista depersonas que recibieron beneficios burocráticos por apoyar el proyectoque permitió la primera reelección de Uribe en el 2006.
Elpresidente también rechazó que se hayan entregado puestos públicos acambio de apoyo a proyectos de ley en el Congreso y dijo que losnombramientos se hicieron por méritos.
Uribe fue reelegido para el periodo del 2006 al 2010 con una de la más altas votaciones en la historia del país.
Variosde los más cercanos colaboradores de Uribe en la Presidencia tambiénson investigados por la justicia, acusados de haber ordenadoseguimientos y escuchas ilegales a magistrados, políticos opositores yperiodistas.