Este jueves se firmaría el documento que anula los actos administrativos basados en la ley de Caducidad, que obstaculizaron investigaciones de violaciones a los DD.HH. cometidas durante la dictadura, entre 1973 y 1985.

Montevideo. Uruguay revocará por decreto resoluciones de anteriores gobiernos que impedían juzgar a ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dijo una fuente oficial, lo que llevaría a la reapertura de casos amparados bajo la llamada Ley de Caducidad.

El presidente José Mujica, un ex guerrillero, encomendó la redacción del documento, que sería firmado el próximo jueves, dijo este lunes el secretario de Presidencia, Alberto Breccia. La medida abriría la puerta a la revisión de casos vinculados a la dictadura de 1973 a 1985.

Además, la justicia quedará habilitada para decidir qué denuncias se amparan bajo dicha normativa y cuáles no, una potestad hasta ahora exclusiva del Gobierno.

"El señor presidente ha decidido (...) se dicte un decreto por el cual se revoca por razones de legitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo (...) que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en (...) la referida ley", anunció Breccia.

Son unos veinte los militares detenidos en Uruguay por delitos cometidos durante la dictadura, entre los que se encuentra el ex dictador Gregorio Alvarez.

El presidente de la coalición gobernante de izquierda, José Mujica, y sus secretarios de Estado ultimaron detalles de la resolución en el Consejo de Ministros el día en que se cumplieron 38 años del golpe de Estado en Uruguay.

La medida aparece luego de que en mayo no prosperara en el Congreso la anulación de la Ley de Caducidad, una propuesta oficial que buscaba dejar sin efecto la amnistía a los ex militares.

A ello se suma un fallo de la Suprema Corte de Justicia, el principal órgano en la materia, que no consideró de lesa humanidad, sino como homicidios, los delitos cometidos por dos ex militares durante la dictadura.

Dicha sentencia podría sentar jurisprudencia y mediante este enfoque los delitos prescribirían en los primeros días de noviembre, por lo cual los ex militares que no sean juzgados antes de esa fecha quedarían exentos.

Se estima que unos 200 uruguayos desaparecieron durante la dictadura, en tanto otros fueron torturados y encarcelados. El actual presidente Mujica pasó más de una década en prisión y otros guerrilleros se refugiaron en el exilio.