La iniciativa, contemplada para embarazos de hasta 12 semanas, pasará al Senado a objeto que apruebe las modificaciones hechas por la Cámara Baja.
La Cámara de Diputados votó el proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación por 50 votos -los del Frente Amplio y uno del Partido Indepedendiente- a 49. Ahora, el proyecto pasará al Senado para que apruebe las modificaciones realizadas por la Cámara Baja.
Los representantes debatieron el proyecto en una sesión extraordinaria que a comienzos de la tarde estuvo protagonizada por largas exposiciones de los legisladores de todos los partidos. Mientras, en las barras, cientos de personas siguieron el debate vistiendo camisetas amarillas con leyendas contra el aborto. El texto votado surgió de modificaciones a un proyecto anterior aprobado en el Senado en diciembre.
La propuesta inicial. La iniciativa original –original en esta legislatura, ya que proyectos similares vienen dando vueltas en el Parlamento desde hace décadas– fue impulsada y aprobada en el Senado con los votos del Frente Amplio.
Esa propuesta establecía, básicamente, la legalización del aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación y dejaba la decisión en manos de las mujeres sin ningún tipo de intermediarios. Pero cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, el frenteamplista Andrés Lima anunció que no lo votaría. Allí entró a jugar el diputado del Partido Independiente Iván Posada, quien tenía su propia propuesta sobre el asunto.
Así, Posada –el voto cincuenta de la iniciativa– y el Frente Amplio llegaron a un acuerdo para presentar una iniciativa que despenaliza pero no legaliza el aborto y obliga a las mujeres a comparecer ante una comisión integrada por médicos y asistentes sociales quienes le explicarán los alcances de su decisión. Transcurridos cinco días de “reflexión”, entonces sí la mujer tendrá la última palabra.
Lo que dice el proyecto. "La interrupción del embarazo no será penalizada... para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las doce semanas de gravidez", dice el proyecto de ley en su segundo artículo.
El siguiente determina que cuando una mujer indique al médico que quiere abortar, éste la derivará a un "equipo interdisciplinario" integrado por al menos tres profesionales -un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que deberá informarle los riesgos y las "alternativas al aborto", incluyendo los programas de apoyo a la maternidad y la posibilidad de entregar a su hijo en adopción.
Por otra parte, el proyecto determina que sólo podrán practicarse un aborto "las ciudadanas uruguayas" o "las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia" en Uruguay por al menos un año.
"Es una solución para quienes viven aquí, no que Uruguay se constituya en un lugar para que venga gente de otros países a (realizarse) esta práctica", explicó Posada.
A favor, en contra e insuficiente. El diputado oficialista Víctor Semproni defendió el texto. "La realidad es que la actual penalización no frena a nadie", declaró el lunes por la noche.
Juan Pablo Tosar, un bioquímico de 26 años miembro del Espacio Joven Vida Más, contrario a la legalización del aborto, criticó la iniciativa. "Este tipo de proyectos no ayuda a que valoremos la vida de todos los seres humanos", declaró a la AP. "Hay muchas mujeres embarazadas desamparadas y sólo se les brinda la posibilidad de abortar, manteniendo su situación", agregó.
En tanto, las organizaciones a favor de la legalización están disconformes con el proyecto, al que consideraron "insuficiente". "Esta no es la ley por la que hemos luchado por más de 25 años", dijo a la AP Marta Aguñin, dirigente de la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay. Agregó que "las mujeres tendrán que comparecer ante un tribunal de expertos para dar explicaciones... Es casi imposible cumplir los plazos pautados, concretar todo antes de las 12 semanas de embarazo, y si se pasa el plazo, hay mujeres que no van a tener más remedio que recurrir a otra forma y eso será delito".
El segundo país de Latinoamérica. De aprobarse la iniciativa en el Senado, Uruguay será el segundo país de América Latina después de Cuba en despenalizar el aborto.
En Argentina y Colombia está permitido cuando existe riesgo de vida para la madre o el embarazo fue fruto de una violación. En Colombia, además, también está autorizado en caso de malformación probada del feto.
En Ciudad de México también es legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En el resto del país los códigos penales establecen excepciones, por ejemplo, en prácticamente todos se establece que no habrá castigo en caso de violación.