La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fija un mínimo de producción nacional, combate los monopolios y oligopolios y establece el pago de un novedoso canon por las licencias.

El Parlamento de Uruguay estudia un proyecto de ley del Ejecutivo que actualiza la normativa regulatoria de los medios de comunicación audiovisuales promoviendo la producción de contenidos nacionales y que castiga los monopolios.

Para el gobierno el texto divulgado esta semana preserva la libertad de expresión y ofrece garantías a la audiencia, los trabajadores y propietarios de los medios.

La oposición, en cambio, criticó el texto por ser demasiado regulatorio y no haber sido consultada en su elaboración.

Antimonopolios. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fija un mínimo de producción nacional, combate los monopolios y oligopolios y establece el pago de un novedoso canon por las licencias.

De aprobarse, el 60% de la programación de cada canal deberá ser de producción uruguaya y 30% de la programación musical de las radios de origen nacional.

Además, el extenso documento de 183 artículos obliga a las televisoras a emitir por semana un mínimo de dos horas de películas o ficción locales en horario preferente.

"Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad", manifiesta el proyecto.

Por eso, "es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar" su formación y conformar "mecanismos para su control".

Ninguna empresa podrá beneficiarse con la titularidad de más de tres ondas de radio o televisión ni más de dos para radiodifusión abierta en la misma frecuencia (TV, AM, FM).

En tanto, el total de suscriptores de las firmas de televisión para abonados no podrá superar el 25% del total de hogares con televisión paga en el país.

Asimismo, impide a las compañías de telefonía la tenencia de frecuencias audiovisuales.

El proyecto prevé un plazo de cinco años para adecuarse a la normativa.

Los grupos empresariales encabezados por los tres canales de televisión privados de Montevideo (4, 10 y 12) deberán desprenderse de algunas frecuencias televisivas en el interior, de votarse el texto.

Por otra parte, cada emisora deberá crear un código de ética y designar un "defensor de la audiencia" que responderá las comunicaciones del público "con relación al cumplimiento del código de ética".

El proyecto resalta la "independencia de los medios de comunicación" y su derecho a la "libertad editorial".

Es incompatible con la libertad de expresión "la utilización del poder y los recursos económicos del Estado con el objetivo de presionar, castigar, premiar o privilegiar" a los medios "en función de sus líneas informativas", agregó.

Señala que los servicios de radiodifusión "deberán permitir el uso gratuito de hasta 15 minutos diarios para realizar campañas de bien público" y regula la publicidad electoral gratuita para las elecciones en horarios centrales.

Apoyos y críticas. La coalición de izquierda oficialista Frente Amplio (FA) todavía no resolvió si conformará de una comisión multipartidaria para estudiar el proyecto, reveló al periódico "La Diaria" el senador Daniel Martínez.

Esa es una solicitud de los opositores partidos Nacional (PN), Colorado (PC) e Independiente (PI).

Para el FA el texto pasó por una larga discusión en 2010 en el Comité Técnico Consultivo en el que participaron representantes empresariales, académicos, gubernamentales y de la sociedad civil.

El texto pasará la próxima semana a estudio de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.

Diego Cánepa, el prosecretario de la presidencia, estimó que Uruguay "necesitaba una normativa integral para adecuar los medios a la realidad del siglo XXI".

A su juicio, se requiere "un marco normativo integral que de garantías a la libertad de expresión, al trabajo de los periodistas y a los derechos de los titulares de las licencias".

El proyecto incluye plazos para las licencias de las ondas y sus mecanismos de adjudicación para que "exista un proceso claro y transparente, no supeditado a la discrecionalidad", destacó.

Sin embargo, el líder del opositor PC, Pedro Bordaberry, deslizó algunas críticas a la iniciativa.

"Si vamos a aplicar normas anticoncentración no dejemos fuera al Estado de ello", escribió Bordaberry en su cuenta de Twitter.

El senador del PC rechazó lo que entiende como preferencia hacia "los medios públicos sobre los privados" y se preguntó: "¿no es que se está en contra los monopolios y oligopolios?".

También fustigó que se asegure la cuota de publicidad electoral de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones.

"En el futuro siempre beneficiará al que está en el gobierno", disparó.

Al mismo tiempo, destacó como positivo de la ley que prevé "la accesibilidad para personas con discapacidades auditivas y visuales".

En opinión del líder del PN, Jorge Larrañaga, "hay que impulsar una ley de medios con acuerdo de todos los partidos porque está en juego nada más y nada menos que la calidad democrática del país".

La semana pasada, el presidente José Mujica sostuvo en una entrevista con Xinhua que el país precisa una ley que "de garantía a los trabajadores de los medios y a los asignatarios (de las ondas)".

De plano, descartó que se trate de "una ley mordaza ni nada por el estilo" como sugería la oposición antes que el proyecto tomara estado público.