Aprobación de la ley de obras públicas y la rebaja del IVA son algunos de los proyectos que van a ritmo pausado y complican al mandatario.

Montevideo. En el inicio del segundo año de la administración encabezada por José Mujica, las diferencias internas en el Frente Amplio (FA) le ponen el freno a algunos de los temas prioritarios para el gobierno.

El proyecto de ley de participación público privada (PPP), las modificaciones al sistema tributario y el camino a seguir en torno a la ley de Caducidad son los principales dolores de cabeza que tiene el gobierno hacia adelante, pero la toma de decisiones sobre esas cuestiones está frenada ante el debate interno y los intereses encontrados de los sectores que integran la coalición.

A raíz de la falta de recursos públicos para afrontar las obras de infraestructura en vialidad, el gobierno jugó todas sus fichas a recurrir a privados para que financien esas obras y envió el año pasado al Parlamento un proyecto en ese sentido.

Sin embargo, la iniciativa recibió reparos desde la mayoría de las agrupaciones. Las posiciones al respecto van desde aquellos que reclaman cambios al texto hasta quienes anuncian que no darán su voto; es el caso del Partido Comunista del Uruguay (PCU).

La dilatoria de la aprobación del proyecto de ley preocupa enormemente al gobierno y motivó que el presidente Mujica enviara un fuerte mensaje hacia la interna el martes pasado. “Le corresponde al Parlamento. Son grandes”, dijo el mandatario en conferencia de prensa y advirtió que hay inversiones “muy importantes” que están pendientes de la iniciativa legal. “Después de tenerlas, discutimos”, dijo.

Fuentes cercanas a Mujica dijeron que los comentarios iban dirigidos directamente a la bancada oficialista con el objetivo de dejar de lado las discrepancias y enviar una señal clara de que habrá una herramienta para asociarse con privados y no poner en riesgo la llegada de inversores que siguen de cerca el tema.

Aunque el gobierno definió como prioritario el proyecto, su aprobación en el Parlamento se ha demorado más de lo previsto y complica los planes.

De todas maneras, el mensaje enviado el jueves por el subsecretario de Economía Pedro Buonomo (MPP) en una reunión con el Frente Líber Seregni en cuanto a que “no hay nada raro” en el proyecto y sí disposición a cambiarlo, descomprimió el clima interno y ayudó a generar un consenso.

Así las cosas, el gobierno espera que se apruebe a finales de abril con modificaciones.

Pero ante la lentitud en cuanto a la toma de decisiones parlamentarias el poder Ejecutivo decidió tomar recaudos. Su intención es lograr una mayor coordinación con la bancada de legisladores para consensuar las posiciones de antemano y evitar dejar al descubierto las diferencias. Eso fue acordado el martes entre los legisladores frenteamplistas y el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.

Al mismo tiempo Mujica también enfrenta presiones desde toda la fuerza política por las medidas a tomar por la redistribución de la riqueza, un debate que él mismo alentó pero generó rispideces internas. Los sectores más radicales, con el PCU y el Movimiento de Participación Popular (MPP) a la cabeza, salieron con firmeza a reclamar cambios tributarios profundos pero el astorismo reaccionó reclamando que se mantenga la política económica actual con el argumento de que ha dado buenos resultados.

Convencido que dañaba la imagen del gobierno, Mujica ordenó a todos los sectores que no difundan sus propuestas a través de los medios de comunicación y que se limiten a elevarla a Presidencia o al equipo económico.

A pesar de la promesa electoral de bajar dos puntos porcentuales la tasa básica del IVA e introducir mejoras al IRPF, las diferencias persisten y el gobierno no tiene una decisión tomada sobre los cambios tributarios a introducir.

A estos temas se suma la incertidumbre que reina en la fuerza política sobre los pasos a seguir por la ley de caducidad. El proyecto interpretativo que deja sin efecto la norma no cuenta con el apoyo necesario y ante esa situación el oficialismo busca alternativas.

La Mesa Política del Frente Amplio resolvió volver a instalar una comisión para resolver el tema y lograr una salida consensuada convenciendo a los senadores Jorge Saravia (Espacio 609), Eleuterio Fernández Huidobro (Cap-L) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), los tres disidentes.