El planteo uruguayo se conoció días después que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes criticara a Uruguay –además de a Bolivia y EEUU– por el proyecto que propone regular el mercado de la marihuana.

Ante el fracaso de las políticas antidrogas que desarrollaron los países de todo el mundo en las últimas cinco décadas, el gobierno uruguayo propuso este lunes  en la Asamblea Anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas reunida en Viena, que la comunidad internacional discuta una “revisión y actualización” de los acuerdos internacionales vinculados a la lucha contra el narcotráfico.

La posición uruguaya fue expuesta por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, quien viajó acompañado de Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

El planteo uruguayo se conoció pocos días después que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo independiente surgido de un tratado de 1968, criticara a Uruguay –además de a Bolivia y EEUU– por el proyecto que propone regular el mercado de la marihuana. Se entiende que la ley que está en el Parlamento uruguayo puede violar los acuerdos internacionales de drogas.

Tras esos cuestionamientos fue suspendida la visita a Uruguay de Raymond Yans, presidente de ese organismo, según supo El Observador en base a fuentes diplomáticas.

Ante el viaje a Viena de Cánepa, las reuniones se realizarán allí. El jerarca dijo a El Observador que lo que va a plantear en las distintas reuniones bilaterales es que Uruguay no va a hacer no vamos a hacer una liberación de la marihuana. “Optamos por el camino de la regulación estricta”, dijo el jerarca. Explicó que el planteo realizado responde al “fracaso” que implicaron las políticas de “prohibicionismo”.

En su discurso ante la Comisión de Estupefacientes, Cánepa afirmó que las políticas de criminalización para eliminar las drogas “no sólo no cumplió con sus objetivos” sino que castigó “a los sectores y grupos más vulnerables, lesionó derechos humanos y generó más daños que los beneficios que pretendió lograr”.

“Si los objetivos fueron eliminar las drogas de la faz de la tierra y tener un control y fiscalización eficiente, hoy podemos decir con total convicción que esa política fracasó en todos sus términos, no es sus objetivos, sino en sus instrumentos”. El prosecretario dijo que Uruguay “tiene el derecho” de atacar “de manera frontal las bases económicas del narcotráfico a través de la regulación, el control y la fiscalización del mercado de cannabis”.

Cánepa, luego de marcar que hay naciones en América Latina donde el narcotráfico provoca una tasa de criminalidad superior a países en guerra, dijo que Uruguay “sufre un progresivo deterioro de sus relaciones de convivencia, realidad estrechamente relacionada con el fenómeno del micro-tráfico de drogas”.

La semana pasada, Yans, escribió que “la responsabilidad compartida es un elemento esencial de la lucha contra las drogas”.

El JIFE puso el énfasis en la necesidad de “respetar estrictamente” los tratados de fiscalización de drogas.

Cánepa afirmó que “el principio de responsabilidad común y compartida, hoy día ni es común ni es compartida”. “Se pone el énfasis en la responsabilidad de los países productores, cuando los grandes mercados de consumo, los precursores químicos que hacen posible la elaboración de las sustancias de mayor riesgo, la producción de armas con las que se sustentan las organizaciones criminales y las principales terminales de lavado de dinero se encuentran fundamentalmente en los países del norte desarrollado”, dijo Cánepa. Reclamó “coraje y liderazgo” para discutir “la revisión” de los instrumentos sobre drogas.