Científicos de ambos países iniciarán esta semana controles conjuntos a una polémica planta de celulosa, centro de un largo conflicto entre ambas naciones, para evaluar los efectos de la fábrica sobre un río compartido.

Montevideo. Científicos de Uruguay y Argentina iniciarán esta semana controles conjuntos a una polémica planta de celulosa, centro de un largo conflicto entre ambas naciones, para evaluar los efectos de la fábrica sobre un río compartido, dijo este martes un medio local.

Buenos Aires y Montevideo acordaron a fines de julio de este año que un comité formado por técnicos de ambas naciones realizará estudios vinculados a la planta que construyó la finlandesa Botnia, en el lado uruguayo de un río limítrofe, y que actualmente opera la firma UPM de ese mismo país europeo.

"El ingreso de científicos de la comisión binacional que funciona en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay se producirá esta semana", según publicó el diario local Ultimas Noticias.

"Está previsto que los primeros ingresos de científicos de ambos países constituyan una actividad preparatoria para el monitoreo propiamente dicho. Los técnicos deberán definir cuáles y de qué tamaño serán las muestras que se tomarán para estudiar la contaminación ambiental de la planta sobre el río", agregó el diario.

La instalación de la planta desató un conflicto diplomático entre los dos países históricamente unidos, que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero a mediados de este año alcanzaron un acuerdo, que incluye hacer controles regulares en las aguas del río Uruguay.

Según el diario, los resultados de los estudios estarían disponibles dos o tres meses después del ingreso de los científicos a la planta.

Las muestras tomadas en la fábrica serán analizadas por laboratorios de ambos países y no fue descartada la posibilidad de solicitar un estudio internacional en el caso de que surjan dudas sobre los resultados.

A las muestras tomadas en la planta de UPM se sumará un relevamiento sobre la desembocadura el río Gualeguaychú, adonde llegan parte de las aguas provenientes de la fábrica, informó la publicación.

La Corte de La Haya dictaminó en abril que Uruguay violó artículos de un tratado binacional al autorizar la instalación de la planta sin consultar a Buenos Aires, pero permitió que la fábrica siguiera funcionando al no encontrar elementos que probarán contaminación.