Uruguay se convirtió en 2013 en el primer país con una ley que permite la producción y venta legal de cannabis, iniciativa que busca reducir la delincuencia y la inseguridad asociada al narcotráfico en una nación donde un tercio de la población carcelaria se vincula con delitos por drogas.
Montevideo. Casi la mitad de los consumidores de marihuana en Uruguay no quiere inscribirse en el registro obligatorio para adquirirla, y la mayoría cree que el mejor canal de compra es a través de farmacias, según un sondeo de Latin America Marijuana Research Initiative.
Uruguay se convirtió en 2013 en el primer país con una ley que permite la producción y venta legal de cannabis, iniciativa que busca reducir la delincuencia y la inseguridad asociada al narcotráfico en una nación donde un tercio de la población carcelaria se vincula con delitos por drogas.
El pionero modelo prevé el autocultivo de hasta seis plantas por hogar, los clubes de fumadores o la adquisición de hasta 40 gramos mensuales en farmacias, siempre y cuando los usuarios se inscriban en un registro obligatorio con el que no todos parecen simpatizar.
Las dos primeras opciones ya están habilitadas, pero las autoridades todavía no han implementado el comercio en farmacias.
"Un número significativo de consumidores frecuentes no planea hacerlo (anotarse en el registro oficial): el 19,6% afirma que es probable que no se registre y 19,6% seguramente no lo haga", dice el documento.
Entre los motivos para no adherir a la nómina estatal se encuentran el rechazo a su existencia, la falta de confianza y la no percepción del beneficio de anotar sus datos personales en la lista.
Hasta ahora, 0,6% de los encuestados se registró, mientras 31,1% dijo que seguramente se inscribirá y 26,9% probablemente lo hará. Otro 2,1% aún no tomó una decisión.
Se estima que en el país hay unos 170.000 consumidores frecuentes de cannabis, de los cuales unos 18.700 son usuarios diarios.
En farmacias. Entre los consumidores que prevén ingresar a la nómina para adquirir marihuana, 12,8% lo haría mediante los clubes de fumadores, 30,1% a través del autocultivo y 55,9% por farmacias.
Las autoridades han aplazado la concreción de la venta en estos comercios y la última fecha prevista es mediados de año, lo que parece difícil dado que el Estado aún no otorgó las licencias a los productores que deberán plantarla, empacarla y distribuirla. En farmacias el precio sería de un dólar el gramo.
El nuevo gobierno del presidente Tabaré Vázquez ha dejado claro que no tiene apuro ni corre con calendarios para finalizar la implementación de la ley, que genera expectativas a nivel mundial por representar una alternativa a las políticas represivas que no han podido tumbar al mercado negro.
Durante su campaña electoral en 2014, Vázquez -un reconocido médico oncólogo que en su primer mandato aplicó una exitosa política anti tabaco- dijo que le preocupan los efectos de la ley sobre la seguridad pública, aunque se comprometió a seguir adelante con la iniciativa de su antecesor José Mujica.
Desde la Federación de Cannabicultores se advirtió que es necesario concretar el canal farmacéutico para paliar los robos de plantas a autocultivadores ocurridos en los últimos meses.
"El mercado negro tiene valores tentadores para estas cosas (de buena calidad) porque no hay marihuana accesible en las farmacias tal cual se dijo que iba a haber", dijo a Reuters su presidente, Julio Rey. "Y es de esperar que esta tendencia de robos continúe", agregó.
En el mercado negro los 25 gramos de marihuana paraguaya prensada cuestan unos US$20, mientras que la misma cantidad de cannabis de buena calidad, como la que obtienen los autocultivadores de sus plantas, cuesta entre US$80 y US$120.
"Debería apurarse esa entrada masiva del cogollo a las farmacias porque al haber un mercado, hay gente dispuesta a robar. Cuando se masifique la venta no va a ser rentable y los robos van a caer", dijo Carlos Portillo, un docente de 33 años al que le fueron hurtadas plantas del fondo de su casa.
