“Había una relación cercana entre el presidente y el comisionado, pero definitivamente se produjo un distanciamiento que coincide con el caso contra su hermano y su hijo. No es la misma persona hoy que era hace un año”, dijo la ex ministra de Salud, Lucrecia Hernández.
Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se embarcó en una vendetta personal contra el jefe de la misión anticorrupción de la ONU, al que trató de expulsar del país luego de que iniciara una causa legal contra su hermano y uno de sus hijos, dijeron exfuncionarios y fuentes del gobierno.
Durante su campaña electoral, Morales se presentó como un ferviente defensor de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyas investigaciones contra los partidos tradicionales fueron clave para que el actor, sin tablas en la política, ganara en el 2015.
Pero todo cambió cuando en septiembre del 2016, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana revelaron que Samuel Morales, hermano mayor del mandatario, y José Manuel Morales, uno de sus cuatro hijos, estaban entre los sospechosos de un caso de fraude contra el registro de la propiedad.
“Había una relación cercana entre el presidente y el comisionado, pero definitivamente se produjo un distanciamiento que coincide con el caso contra su hermano y su hijo. No es la misma persona hoy que era hace un año”, dijo la ex ministra de Salud Lucrecia Hernández, quien renunció el domingo por la decisión del mandatario de declarar non grato a Velásquez.
Morales salió al paso de las acusaciones contra su familia y prometió en público no interferir con la justicia. Pero en privado, según dos fuentes del Gobierno, comenzó a irritarse por lo que consideró excesiva agresividad de la CICIG y la Fiscalía, que allanaron en noviembre la casa presidencial buscando pruebas contra su hijo.
El punto culminante fue el arresto de su hermano y su hijo en enero, una decisión que puso furioso a Morales, quien llegó a acusar de “traidores” a algunos miembros de su gobierno por alinearse con la CICIG, relataron tres fuentes del actual gabinete que presenciaron la escena.
“Ahí fue cuando el presidente dijo: ‘lo saco’ (a Iván Velásquez)”, recordó otra fuente cercana al mandatario que pidió no ser identificada por no estar autorizado a declarar.
Según dos de las fuentes, Morales comenzó entonces a buscar apoyos entre los que se sienten amenazados por la CICIG, cuyas investigaciones fueron clave para la caída del expresidente Otto Pérez Molina y salpicaron a más de 200 sospechosos, incluyendo ministros, diputados, jueces e influyentes empresarios.
La ruptura se hizo visible. En junio, el presidente no invitó a la fiscal Aldana a la cumbre regional convocada por Estados Unidos en Miami, a la que asistieron varios fiscales generales de la región, y más tarde ese mes se abstuvo de acudir a la ONU para la renovación del contrato de Velásquez.
La presidencia no quiso hacer comentarios sobre el tema. Morales justificó el intento de expulsión asegurando que el comisionado se excedió en sus funciones y politizó la justicia.
Su hermano e hijo están acusados de facilitar facturas falsas por unos US$30.000 antes de que Morales llegara al poder, aunque alegan fue un favor personal del que no obtuvieron beneficios.
Para los aliados de Morales, la CICIG y la Fiscalía sobredimensionaron el papel de la familia presidencial en un millonario caso de fraude contra el registro de la propiedad cuyo juicio comenzó el miércoles con más de 20 acusados.
Velásquez non grato. Hace una semana, Morales sorprendió al país con un viaje relámpago a Nueva York para pedir al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el relevo de Velásquez al frente de CICIG, según denunció la fiscal Aldana, que amenazó con renunciar por la medida.
Algunos de sus colaboradores lo hicieron desistir de la idea de pedir directamente la salida de Velásquez, dijeron dos de las fuentes del Gobierno. Guterres confirmó después que el guatemalteco solo le pidió que la CICIG se “apegue a su mandato”, que es desmantelar mafias paramilitares heredadas de la guerra civil (1960-1996).
Pese a que la CICIG se instaló en Guatemala en el 2007, no fue hasta la llegada del ex magistrado colombiano en el 2013 que el ente comenzó a investigar sistemáticamente casos de corrupción en las más altas esferas del poder y activistas temen que su salida pueda descarrilar decenas de casos importantes.
Mientras Morales estaba en la ONU, la CICIG y la Fiscalía solicitaron el viernes pasado un antejuicio contra Morales por supuesta financiación electoral ilegal. Para poder investigarlo, tanto la Corte Suprema como dos tercios del fragmentado Congreso deben dar su visto bueno.
El mandatario regresó decidido a expulsar a Velásquez. En la madrugada del domingo se reunió con sus más cercanos aliados para redactar la declaración de persona non grata contra el colombiano, que fue anunciada a las 6.00 de la mañana sin avisar por anticipado al resto del Gobierno, dijeron las fuentes.
El mensaje desató un escándalo inmediato. Cientos de personas salieron a la calle para defender la CICIG, se produjeron varias renuncias en su gabinete y comenzaron a llegar mensajes de apoyo a Velásquez de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU.
La Corte de Constitucionalidad prohibió la expulsión de Velásquez, primero de manera temporal el domingo y luego de manera definitiva el martes, zanjando la crisis.
Sin embargo, dos fuentes del gobierno creen que aún Morales podría buscar nuevas maneras de remover a Velásquez, cuyo contrato acaba en 2019, ahora que su intento fallido llamó la atención de otros grupos enemigos de la CICIG, que tiene abiertos casos que salpican a todos los principales partidos políticos y algunos grandes empresarios.
“Morales ha estado buscado el respaldo de su gobierno, de diputados, de alcaldes y gobernadores que tienen miedo a Velásquez, y si encuentran una forma lo van a volver a intentar”, dijo una de las fuentes.
