El presidente de Fedecámaras de Zulia dijo que 1.500 productores firmaron una proclama en defensa de los derechos civiles, en la cual rechazan los "atropellos cometidos" por el gobierno nacional y reiteran su compromiso por hacer valer la Constitución y las leyes venezolanas.

Para el médico William Suárez son tiempos difíciles. Hace siete años y tras el asesinato de uno de sus hijos, Suárez debió hipotecar su finca El Potente para pagar el monto exigido por los secuestradores de su hija María Carolina; hipoteca que terminó de pagar este año.

"Ahora le expropian el fruto de su trabajo", señala María Carolina, quien asegura que el pasado viernes su padre fue conminado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a abandonar su propiedad, de la cual solo pudo extraer sus enseres personales.

"No permitieron retirar maquinarias ni nada que estuviera a nombre de la finca", dijo, al tiempo que con voz entrecortada señaló que los representantes del Instituto Nacional de Tierras (Inti) encargados de la ocupación del predio, pidieron disculpas a su padre por la acción que debían ejecutar, toda vez que se trata del médico que en varias ocasiones los ha atendido.

Recordó igualmente que tanto el administrador como los trabajadores están obligados a permanecer en la hacienda para mantener la productividad.

Al respecto, aseguró que el temor de los trabajadores es que una vez que la finca pase a manos del Estado perderán sus empleos, por lo que mantienen su presencia con la esperanza de que la medida sea revocada.

Según explicó, los Suárez han podido demostrar la titularidad de las tierras desde mediados de 1800, mientras que poseen título de propiedad expedido por la República en 1903.

Ubicada en el municipio Colón, Zulia, El Portento cuenta con 592 hectáreas que Suárez asegura están 100% productivas, y desde donde diariamente salen 1.100 litros de leche y 200 animales al año para el sacrificio.

Al momento de la expropiación, en el predio habían, además de maquinarias y equipos, 45 vacas lecheras y 3.654 de engorde.

Condicionados. Así están los 16 propietarios de los predios ubicados en la zona del sur del lago de Maracaibo que no serán expropiados, a cambio de vender toda su producción a empresas gubernamentales que el Estado asigne.

Según informó uno de los afectados -quien solicitó el estricto anonimato-, aun cuando no existe una orden expresa para "sacar" de la lista de 47 fincas expropiadas las 16 que serán devueltas a sus propietarios, extraoficialmente se ha dicho que el único término para el reintegro es colocar toda la producción en las empresas del Estado.

"Esto es lo que nos ha dicho", dijo el productor, uno de los beneficiados por el anuncio hecho este domingo por el presidente Hugo Chávez, quien aseguró que gracias a acuerdos con los propietarios de estas fincas, el gobierno había tomado la decisión de no proceder con la expropiación.

Sin embargo, Jesús Iragorri, presidente de la Federación de Ganaderos del Sur del Lago (Fegalago), aseguró que la devolución de las propiedades obedece a que se trata de pequeñas parcelas que no pueden ser catalogados como latifundio.

"Fue una metida de pata y tuvieron que devolverlas porque son propiedades de campesinos. Algunas incluso son de 10 y 20 hectáreas", dijo.

También informó que el gremio ganadero, tras la reunión ampliada en la que intervinieron los productores expropiados; autoridades gremiales, políticas, eclesiásticas y universitarias; diputados electos a la Asamblea Nacional, consejos comunales y voceros de otras fuerzas vivas de la zona Sur del Lago de Maracaibo, decidieron no aceptar que la devolución sea solo de 16 fundos anunciados por el presidente Chávez.

"O se entregan todas, o no entrega nada", dijo, tras desmentir que los propietarios de estas fincas hubieran propuesto al gobierno entregar su producción a cambio de permanecer en ellas.

"Se ha tratado de darles razonamientos para convencerlos de entregar la producción, con la promesa de beneficios financieros y para la compra de insumos; cosa que el gobierno no va a hacer, como tampoco ha cumplido promesas similares hechas a los productores de Machiques de Perijá (Zulia)".

Informó también que Jesús Hernández Meleán, propietario del fundo Los Peoníos de Santa Bárbara del Zulia, no ha abandonado su finca y no permitió la militarización del predio.

"Permitió la entrada de funcionarios que realizaron una inspección, pero permanece en su finca", acotó Iragorri.

En pie de lucha. A su vez, el presidente de Fedecámaras Zulia, Néstor Borjas, señaló que la comunidad de esa región prácticamente se declaró en "rebeldía", al invocar el artículo 333 de la Constitución Nacional.

"Es un claro asalto a los sectores productivos del país, porque no se trata de una expropiación sino de una confiscación", dijo Borjas, quien afirmó que los productores, junto con los gremios, defenderán sus predios hasta el último momento.

Recordó que pese a que los agroproductores zulianos tienen 10 años siendo acosados por las autoridades, estas últimas acciones conforman una situación "insostenible" que debe llamar a todos los venezolanos a "movilizarse en defensa del derecho a la propiedad privada".

"Lo que hoy está pasando en Zulia puede repetirse en otras entidades y no solo con los productores agrarios, sino en cualquier actividad económica", dijo.

Borjas destacó que tras la asamblea realizada este lunes, los más de 1.500 asistentes firmaron una proclama en defensa de los derechos civiles, en la cual rechazan los "atropellos cometidos" por el Gobierno nacional, y reiteran su compromiso por hacer valer la Constitución y las leyes de la República.

Sobre las acciones inmediatas que emprenderán, Borjas señaló que para este martes se ha convocado una protesta local en todas las plazas Bolívar del país, mientras que el miércoles se realizará una marcha en la ciudad de Maracaibo que esperan se repita en otras entidades.

Asimismo, dijo que se están preparando otras acciones de protesta "que se conocerán en su debido momento".

Por su parte, María Carolina Suárez, hija de uno de los afectados por las expropiaciones, afirmó que con la asesoría del abogado Alfredo Romero, miembro de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, preparan una acusación contra el presidente de la República ante la Corte Penal Internacional de La Haya por violación al derecho a la propiedad privada.

En este mismo contexto, el presidente Hugo Chávez ordenó este lunes "arreciar la lucha contra el latifundio" en la región del Sur del Lago de Maracaibo, por lo que se teme que las acciones se profundicen en los próximos días.