Maduro reveló que el líder de la banda paramilitar que habría asesinado al joven parlamentario y a su pareja, habría recibido US$500.000 para perpetrar el crimen.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó este viernes que se ha detenido a siete personas como presuntos autores materiales del doble homicidio del diputado socialista Robert Serra y de su compañera María Herrera, ocurrido el pasado 1 de octubre en Caracas.

El mandatario sudamericano refirió desde el estado Miranda (en el norte del país) que avanzan a buen ritmo las investigaciones en relación al crimen que ha conmovido a la población venezolana, y aseguró que estas han arrojado resultados que aún están siendo evaluadas por las autoridades.

"Tenemos identificados a todos los autores materiales y colaboradores directos", expresó el jefe de Estado, al tiempo que reiteró los esfuerzos que emprende el Ejecutivo por llegar a los autores intelectuales.

"Hemos capturado a cuatro más. Quiere decir que tenemos siete detenidos de los autores materiales y estamos muy bien orientados sobre los autores intelectuales directos e indirectos", anunció.

Asimismo, Maduro reveló que al líder de la banda paramilitar que asesinó al joven parlamentario y a Herrera, identificado como Padilla Leyva "El Colombia", le concedieron US$500.000 para perpetrar este crimen.

Indicó que de esta cifra, el principal ejecutor de "la matanza" se quedó con aproximadamente el 75%, según confesaron los otros partícipes del hecho que han sido detenidos.

Antes, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, había ofrecido esta misma información, alegando que los ejecutores del asesinato a Serra y Herrera recibieron financiamiento por más de US$250.000 dólares.

Robert Serra, el legislador más joven de la historia de Venezuela, fue asesinado el pasado 1 de octubre junto a su compañera sentimental, María Herrera, en su residencia ubicada en la parroquia La Pastora, de la ciudad de Caracas.

El crimen fue definido por las autoridades venezolanas como "una macabra encomienda" en la que participaron paramilitares colombianos, aliados a bandas criminales de Venezuela.

El martes pasado, el presidente Maduro informó de que en total fueron ocho sujetos los implicados en la ejecución del asesinato, entre los que se encuentra el exjefe de escoltas de Serra, Edwin Torres Camacho (21).

Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, había precisado también este viernes, que dentro de las órdenes de captura dictaminadas por el Ministerio Público dos se han efectuado con código rojo, para activar la búsqueda a escala internacional de otros dos sujetos involucrados en el caso Serra.

Además, el Ministerio Público dictó privativa de libertad en contra de Víctor Andrés Ugas Azócar (26), joven acusado de difundir vía internet fotos del cadáver del parlamentario, durante su ingreso en la morgue.

Ugas fue detenido el pasado 15 de octubre por parte de autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), después de que el Ministerio Público emitiera una orden de aprehensión.

Ante todas estas informaciones, el presidente venezolano ratificó el compromiso de su Gobierno con la población, y manifestó que sumará todos los esfuerzos necesarios "para que el pueblo lo sepa todo".

Aprovechó la oportunidad para extender una convocatoria a la ciudadanía a participar este sábado 18 de octubre en una movilización que se hará homenaje a Robert Serra.

Maduro indicó que este tipo de actuaciones, las cuales adjudicó a los sectores radicales de la derecha nacional e internacional, "no podrán obstaculizar el avance del proyecto emprendido en Venezuela" por la fuerza política oficialista.

Aseveró esta idea al instalar una nueva Base de Misiones Socialistas en la entidad mirandina, proyecto orientado a satisfacer las necesidades de las comunidades más pobres y vulnerables del país.

Allí aprobó recursos por más de 343 millones de bolívares (unos US$54 millones) destinados a mejoras en los servicios de vialidad, agua potable, electrificación, construcción de infraestructuras educativas y de salud.