Las Fuerzas Armadas siempre jugaron un rol de peso en la vida política venezolana, pero el proceso de militarización de la esfera pública que Chávez impulsó a partir de 1999 alcanza niveles alarmantes en ese país.
“Ecuador es un convento, Colombia es una universidad y Venezuela es un cuartel”. Esta frase, atribuida al prócer independentista sudamericano Simón Bolívar (1783-1830), no ha perdido vigencia con el paso de los años. Siempre parece haber razones para traer a colación los rasgos presuntamente dominantes en el perfil de estos países. Como muestra, un botón: desde hace tres lustros, la vida nacional venezolana atraviesa un marcado proceso de militarización que da pie para creer que el fundador de la Gran Colombia tenía razón.
“Patriotas cooperantes”. “La institución castrense ha exhibido un alto nivel de organización desde hace poco más de un siglo. Si ahora consigue fusionarse con el partido de gobierno –el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el grupo político más fuerte en estos momentos–, va a ser muy difícil saber a ciencia cierta quiénes llevan las riendas del país, los civiles o los uniformados”, advierte Víctor M. Mijares, investigador del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), subrayando que la amalgama cívico-militar es el objetivo de la élite chavista.
En lo que va de año, varias iniciativas del estamento “bolivariano revolucionario” han apuntado en esa dirección: la militarización de los operativos para reprimir las protestas antigubernamentales, la creación de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) con fines similares, el incentivo de la vigilancia y la delación entre ciudadanos mediante la figura del “patriota cooperante”, la sentencia judicial que avaló la participación de los militares en actos político-partidistas y la promulgación de una nueva ley de alistamiento militar.
Control informatizado. Este registro militar es obligatorio para personas jurídicas y naturales –entre 18 y 60 años de edad–, y no tolera a los objetores de conciencia. Quienes no se inscriban no podrán obtener permiso de conducir, título universitario ni puesto de trabajo en el sector público o privado. “Se impone así la noción del ciudadano combatiente, clasificado en cuatro categorías –actividad, excedencia, reserva y renuencia– y subordinado, sin posibilidad de disidencia, a la figura del presidente, que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, explica Ivo Hernández, catedrático de la Universidad de Münster.
“A eso se suma la pretorianización del Ejército, su instrumentalización para alcanzar las metas de un régimen, como se hace en las dictaduras. Por si eso fuera poco, con la asesoría del estamento castrista en Cuba, cruzar la información proporcionada por este nuevo registro militar con la de otras bases de datos le permitirá al gobierno venezolano saber quién es quién, qué hace con otros, dónde, cuándo y para qué. Y eso le brinda un control casi total sobre la población. Esta es una situación muy grave”, agrega Hernández.
Hacia la amalgama cívico-militar. “Esto supone para los venezolanos la pérdida de su condición ciudadana. Lo que militariza a una sociedad no la civiliza”, lamenta el experto de Münster. La Carta Magna de 1999 le dio a los militares el derecho al sufragio, pero no a la militancia política. De ahí que algunas de las nuevas prerrogativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) –cuyo nombre es de por sí controvertido debido a sus implicaciones ideológicas– sean percibidas como anticonstitucionales. “Se han visto actos del PSUV donde participan oficiales activos con sus uniformes y ya se prevé que los militares opten a cargos por elección popular”, cuenta Mijares.
“Esa sería una anomalía en un sistema que todavía se jacta de ser democrático”, añade el politólogo del GIGA. “Con todo esto lo que se busca es consolidar una verdadera alianza cívico-militar, encarnada en una fusión del PSUV con la FANB como partido hegemónico, un partido rojo-oliva con máxima capacidad de movilización. Un partido como ese sería muy difícil de sacar del poder, tanto por la vía pacífica como por la fuerza porque gobierno y Estado se habrían fundido en una sola entidad”, señala Mijares.
