La semana previa, en el más reciente impasse, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Venezuela investigar una supuesta matanza de indígenas que, días más tarde, los mismos pobladores negaron.
Caracas, Reuters. Venezuela denunció este lunes el Pacto de San José, con lo que inició el proceso formal para retirarse de los organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), calificados por el presidente Hugo Chávez como "inefables".
La semana previa, en el más reciente impasse, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Venezuela investigar una supuesta matanza de indígenas que, días más tarde, los mismos pobladores negaron.
Chávez, que buscará una nueva reelección en las presidenciales del 7 de octubre, es un feroz crítico de Estados Unidos y de la OEA, con sede en Washington, a la que acusa de respaldar un golpe de Estado que lo alejó brevemente del poder en el 2002.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el candidato opositor Henrique Capriles rechazó la decisión del Ejecutivo.
"El gobierno saliente no tolera decisiones de instancias internacionales que frenan sus abusos de poder, menos mal que están de salida", escribió.
Gobiernos aliados de Venezuela, como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, han levantado su voz de protesta ante la CIDH por defender intereses contrarios a sus estados.
Primer paso. Desde abril, el militar retirado de 58 años ha manifestado su decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero recién el lunes, con la protesta formal al Pacto de San José, se dio el primer paso.
Sin embargo, durante el año que corre a partir de la formalización, Venezuela puede seguir siendo denunciada y condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, máxima autoridad jurídica en materia de derechos humanos en la región.
En un comunicado emitido tarde el lunes, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, lamentó "la decisión adoptada por Venezuela" al tiempo que "manifestó su esperanza de que en el año que debe transcurrir para que dicha decisión se haga efectiva, Venezuela pueda reconsiderar su decisión".
