Las prisiones del país sudamericano están en el caos, con casi 50.000 reclusos encerrados en instalaciones diseñadas para menos de un tercio de ese total. ¿La solución? Liberar a casi la mitad de sus reclusos para aliviar el hacinamiento existente.

Caracas. Venezuela planea liberar a casi la mitad de sus reclusos para aliviar el hacinamiento en su corrupto y violento sistema penal, pero corre el riesgo de empeorar la criminalidad rampante y dañar los planes de reelección del presidente Hugo Chávez.

Las prisiones del país sudamericano están en el caos, con casi 50.000 reclusos encerrados en instalaciones diseñadas para menos de un tercio de ese total. La corrupción es endémica y los prisioneros fuertemente armados controlan muchos bloques de las cárceles.

Con los venezolanos poniendo la inseguridad en el tope de su lista de preocupaciones, quienquiera que gane las elecciones presidenciales del 2012 tendrá que convencer a los votantes de que podrá limpiar las calles.

Y el programa de liberaciones podría hacerlo aun más difícil.

"Las calles acá ya son tan peligrosas y ahora quieren matarnos con esto", dijo Amanda Linares, una trabajadora de limpieza de 43 años, que trata de no caminar por las calles de Caracas después del anochecer.

El asunto tomó notoriedad en junio, cuando miles de guardias militares tuvieron que tomar una prisión para terminar una sangrienta insurrección. No obstante, una banda de presos resistió por casi un mes.

En respuesta, Chávez creó el nuevo Ministerio de Asuntos Penitenciarios y su nueva jefa pronto generó controversia.

La pelirroja y pugnaz Iris Varela dijo que unos 20.000 reclusos venezolanos no merecían estar tras las rejas y debían ser liberados, pues no representar una amenaza para la sociedad. Más de 2.000 de ellos ya están en la calle.

Varela, además, detuvo los ingresos a las prisiones por un mes para revisar a fondo el sistema.

"Históricamente los sistemas penales y penitenciarios nacieron (...) con una vocación meramente punitiva y retributiva", dijo Chávez, un socialista que buscará un nuevo mandato de seis años en el 2012 pese a estar recibiendo quimioterapia por un cáncer.

"Es la visión capitalista. Ahora tenemos que sustituir ese sistema llamado punitivo, por un sistema humanista", agregó.

Todos concuerdan en que el sistema de prisiones debe ser reformado, pero liberar a miles de reclusos en un país que ya ostenta uno de los mayores niveles mundiales de criminalidad es una jugada atrevida, por decir lo menos.

Sistema disfuncional. Apenas pasa un día sin algún disturbio o matanza en las viejas penitenciarias venezolanas, mientras que los secuestros, robos a mano armada y asesinatos son aún más comunes.

Uno de los principales problemas es que más de la mitad de la población penal está detenida en espera de juicios, en un limbo que algunas veces se prolonga durante años.

"Esto no sólo proviene de un exceso de confianza en la prisión preventiva, sino de la disfuncionalidad del sistema judicial", dijo a Reuters David Smile, un sociólogo de la Universidad de Georgia y experto en temas de Venezuela.

"Este último es extraordinariamente ineficiente y tiene uno de los niveles más bajos de cumplimiento de juicios en el hemisferio", añadió.

También hay problemas prácticos: faltan vehículos para trasladar a los reclusos a los tribunales y denuncias de que los guardias y bandas exigen sobornos para dejarlos salir a las audiencias.

Analistas dicen que la crisis carcelaria no ha sido necesariamente un problema de voluntad política. La reforma de las prisiones fue una de las primeras promesas de Chávez y su administración ha prestado mucha atención al asunto.

El problema está en cambio en la incapacidad de ejecutar planes ambiciosos y la constante rotación de los funcionarios responsables del sistema.

Venezuela tiene 4,7 jueces por cada 100.000 presos, por debajo del promedio latinoamericano de 7,6. Además ostenta el peor récord de la región en el cumplimiento de juicios con tan sólo un 17 por ciento, según un estudio del Open Society Institute. Eso se compara con un 98% en Chile, que proporcionalmente tiene menos jueces.

Venezuela gasta sólo US$2 diarios por recluso, mientras Estados Unidos invierte US$34 y Europa más de US$80.

Disturbios en el Rodeo. El gobierno envió 3.500 efectivos de la Guardia Nacional para sofocar un motín en el complejo penitenciario de El Rodeo en Guarenas, a las afueras de Caracas. .

Al menos 22 personas murieron, incluyendo dos soldados y las autoridades encontraron depósitos de fusiles de asalto, pistolas y granadas, junto a grandes cantidades de marihuana, cocaína y dinero en efectivo.

Los familiares de los prisioneros quemaron barricadas a las afueras del penal y gritaron con desesperación mientras los disparos se multiplicaban, acusando a los militares de realizar una masacre.

Un grupo de detenidos, dirigidos por los dos "pranes" o jefes de las bandas de El Rodeo, de 26 y 20 años, resistió por casi un mes. Uno de ellos finalmente se rindió y el otro logró escapar junto, según autoridades, a un "número desconocido" de presos.

El líder fugado fue apresado la semana pasada en El Callao, una apartada ciudad en el sureste del país en plena selva venezolana, muy cercana a la frontera con Guyana.

La oposición está furiosa con Varela. Es "la personificación del chavismo sin control", escribió el destacado bloguero opositor Francisco Toro. "Ellas es muy, muy peligrosa".

Los críticos dicen que Chávez ha dejado que el crimen florezca durante sus 12 años en el poder. Pero el militar retirado de 57 años acusa a sus rivales de aumentar el miedo público exagerando el problema.

Saber cuántos detenidos podrían volver a delinquir es casi imposible. En Venezuela muy pocos crímenes son seguidos por arrestos y las cifras sobre reincidencia después las reformas de 1998 que permitieron algunas liberaciones anticipadas, son escasas.

Henrique Capriles, el líder de oposición que se perfila como el contrincante de Chávez en las próximas elecciones, dijo que Varela necesitaba pensar un poco más antes de dictar órdenes.

"No es cerrando el ingreso a los penales que se va a cambiar el hacinamiento", dijo a periodistas. "(Tenemos que) poner todos los recursos en la construcción de cárceles para que el sistema judicial funcione. Las cárceles tienen que ser centros de rehabilitación".