Después de impulsar una marcha el 12 de febrero, que degeneró en violencia y dejó tres muertos, a López se le impuso una orden de captura por delitos instigación a delinquir, incendio a edificio público, homicidio intencional calificado y terrorismo.

Colombia. Para la oposición venezolana, Leopoldo López Mendoza es un perseguido político que tuvo las agallas para entregarse a lo que él mismo llamó una “justicia injusta”. Para el gobierno de Nicolás Maduro es un golpista, un “fascista” financiado por EE.UU.

Después de impulsar una marcha el 12 de febrero, que degeneró en violencia y dejó tres muertos, a López se le impuso una orden de captura por delitos de asociación, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio intencional calificado y terrorismo.

Estas acusaciones podrían no tener base jurídica. Alberto Arteaga Sánchez, exdecano de derecho de la Universidad Central de Venezuela, asegura que no hubo investigación previa por parte de la Fiscalía que indique que López es responsable de los cargos. “Aunque no he visto el expediente, se sabe, por la filtración de la orden de captura, que se le acusa de violentar la sede de la Fiscalía y de coautor de asesinato e instigación a delinquir. Entiendo que los sucesos violentos se generaron después de que él se retiró de la manifestación”.

Para este abogado penalista, el juicio contra López es inconstitucional. Según la Carta Magna y el Código Penal, “la regla es que cualquier juicio sea en libertad y en este caso están apresando injustamente al dirigente que se entregó a la justicia, a sabiendas de que en este país el sistema judicial es un apéndice del Poder Ejecutivo. Sólo hay juicios en prisión, sobre todo en materia penal, cuando hay peligro de fuga del imputado o se presuma que éste interfiera en el proceso judicial. Este no es el caso del líder de Voluntad Popular”.

La prisión, justificada o no, funcionó como catapulta política para varios personajes que llegaron al Palacio de Miraflores. Desde el gobierno de Rómulo Betancourt, quien estuvo preso y luego exiliado, hasta el de Hugo Chávez, casi todos los jefes de Estado estuvieron previamente encarcelados.

Chávez, por ejemplo, se entregó a las autoridades tras fracasar en un intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez. El entonces teniente coronel se rindió y dio un discurso en el que pidió a sus compañeros dejar las armas, porque “por ahora” sus objetivos no se habían logrado. Estuvo en la cárcel dos años y cuando salió era una celebridad. Fue elegido presidente en 1998.

Antes de entregarse el martes a la Guardia Nacional, López dio un discurso en Caracas, parado junto a la estatua del prócer cubano José Martí, en el que dijo: “Esta lucha es por todo el pueblo que está sufriendo colas, escasez. Los jóvenes no tienen futuro por un modelo equivocado, exportado de otros países. Tenemos que construir una salida a este desastre. Esa salida tiene que ser pacífica, dentro de la Constitución, pero tiene que ser en la calle, porque ya no nos quedan en Venezuela medios libres para expresarnos. Si los medios callan, que hable la calle en democracia”.

En medio de gritos y aplausos de sus seguidores concluyó: “Les juro que vamos a vencer y que muy pronto tendremos una Venezuela libre y democrática”. Algunos venezolanos que asistieron a la protesta, dijeron que, aunque López era muy conocido desde hace varios años, nunca había generado tanta empatía en la oposición como cuando decidió entregarse.

El poder ha sido una de las presencias más constantes en la vida de López. Es tataranieto de Concepción Amestoy Palacios, quien se supone era sobrina de Simón Bolívar. También es descendiente de Cristóbal Mendoza, el primer presidente de Venezuela. Sus padres son Leopoldo López Gil, integrante del consejo editorial del diario El Nacional, y Antonieta Mendoza, una reconocida ejecutiva de empresas públicas y privadas.

El dirigente opositor lleva al menos 14 años en la escena política de su país. Después de estudiar economía en Ohio y hacer una maestría en políticas públicas en Harvard, entró a trabajar, entre 1996 y 1999, en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), como analista de entorno nacional en la oficina del economista jefe de esa empresa.

El 4 de agosto de 2000 llegó a la Alcaldía del municipio de Chacao, un distrito de Caracas que en los últimos días ha vivido episodios de violencia. En ese cargo fue reelegido en 2004, por un período de cuatro años.

Esta no es la primera vez que el gobierno acusa a López de liderar una intentona golpista. Lo hizo en el golpe del 11 de abril de 2002 contra Chávez. Al opositor lo acusaron por ser firmante del “Decreto Carmona”, con el cual se disolvieron los poderes públicos, se destituyó de sus cargos a sus representantes y fue nombrado presidente de facto el empresario Pedro Carmona Estanga. Dos días después, Chávez estaba de nuevo en el poder.

En 2008, cuando López terminó su gestión en Chacao y quería presentarse como candidato a la Alcaldía de Caracas, fue inhabilitado mediante resoluciones de la Contraloría por un supuesto desvío de recursos y se le impidió postularse a cargos públicos hasta septiembre de este año.

La pelea legal con los organismos de control venía desde que López trabajaba en Pdvsa. En ese entonces se le acusó de que a través de su madre, quien era gerente de asuntos públicos de la petrolera, utilizaba fondos de esa compañía para financiar la organización Primero Justicia, que había sido fundado en 1996 por López, Henrique Capriles y Julio Borges.

La defensa del dirigente fue asegurar que el Estado no tenía fundamentos jurídicos más allá de una “persecución política” en su contra, ordenada por Nicolás Maduro. La respuesta que ha dado en los últimos días respecto a la orden de captura en su contra es exactamente la misma.

El caso de la inhabilidad impuesta a López llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 1° de setiembre de 2011 la Corte le dio la razón al opositor, declaró al Estado venezolano “responsable por la violación del derecho a ser elegido” y dispuso que los órganos competentes “deben asegurar que las sanciones de inhabilidad no constituyan impedimento para la postulación a cargos públicos”.

El Estado, sin embargo, declaró la sentencia “inejecutable”. Germán Saltrón, representante de Venezuela ante los organismos de derechos humanos, dijo que la CIDH “está totalmente predispuesta contra el Estado venezolano… No es objetiva y sus análisis y decisiones son más políticas que jurídicas”.

La sentencia del caso López sonó en Colombia cuando la Procuraduría General, el 9 de diciembre de 2013, destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y éste anunció que acudiría a la justicia interamericana. Después del fallo contra Petro, el propio Leopoldo López dijo en Twitter: “Hoy inhabilitaron por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La misma violación que me aplicaron hace cinco años antes de ganar Caracas”.

A pesar de las supuesta persecución en su contra, López nunca se apartó de la vida política. Siguió al frente del partido Voluntad Popular, que había creado desde 2004 tras separarse de Primero Justicia. En 2011, apoyado en la sentencia de la Corte Interamericana, se postuló a las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como aspirante a la Presidencia, pero luego declinó para apoyar a Henrique Capriles, quien ha perdido por poco en las dos últimas elecciones contra Chávez y Maduro.

Ahora, junto a la diputada María Corina Machado y el alcalde de los cinco municipios de Caracas, Antonio Ledezma, López dirige un bloque de la oposición de tendencia radical dentro de la MUD.

En la última oleada de protestas aparecieron grietas en la oposición venezolana: Capriles optó por tomar distancia y dijo que las condiciones no están dadas para presionar la salida del gobierno por la vía del levantamiento social. López, en cambio, desafió al presidente y se puso a la cabeza de las movilizaciones.

Mientras tanto este jueves un tribunal de Caracas ratificó la medida privativa de libertad para el dirigente opositor, que continuará detenido en la penitenciaría militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, al menos durante 45 días.