La semana pasada, la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, fue liberada cuando un juez desestimó cargos de que ella lavó casi US$104 millones en fondos del sindicato para pagar artículos de lujo y cirugías plásticas.
Ciudad de México. El fallo de una corte mexicana que liberó a una exlíder sindicalista de cargos de lavado de dinero expone las posibles debilidades en otros casos de corrupción de alto perfil, según funcionarios y expertos, lo que subraya los desafíos que enfrenta el próximo gobierno.
La semana pasada, la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, fue liberada cuando un juez desestimó cargos de que ella lavó casi 1,978 millones de pesos (US$104 millones) en fondos del sindicato para pagar artículos de lujo y cirugías plásticas.
El magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar, justificó su decisión, en parte, con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de noviembre del 2017, según un documento no público revisado por Reuters.
Los fiscales, según la sentencia del año pasado, tienen que obtener una orden judicial antes de pedir registros financieros de los acusados.
Ese mismo argumento podría ser usado en otras investigaciones prominentes, incluyendo las de exgobernadores acusados por malversación de fondos públicos, dijeron media decena de fuentes del Gobierno y expertos en temas legales que fueron consultados por Reuters.
México está inundado con miles de millones de dólares de dinero ilícito derivado del narcotráfico, crimen organizado y desvíos de recursos públicos. A pesar de que el país está tratando de mejorar su esfuerzo por combatir el lavado de dinero, no ha habido muchos fallos exitosos.
Registros financieros fueron obtenidos sin orden judicial en miles de casos que están en camino o ya juzgados, dijo Jorge Lara, un exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR).
Como la ley mexicana permite la jurisprudencia que es favorable al acusado con efecto retroactivo, muchos casos podrían ser desechados, dijo Lara. "Es un instrumento muy potente para echar abajo los casos", agregó.
La ira pública por la corrupción fue un factor importante que ayudó al izquierdista Andrés Manuel López Obrador a ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio.
El fallo de Gordillo muestra que López Obrador enfrenta una tarea difícil para cumplir con su promesa de combatir la extendida corrupción en el país latinoamericano.
Tras varias investigaciones hacia el cierre del sexenio del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, seis exgobernadores están bajo custodia en prisión preventiva, según la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El caso de Javier Duarte, un exgobernador del estado Veracruz, acusado de utilizar empresas ficticias para lavar dinero, se ha convertido en un símbolo de la corrupción bajo el mandato de Peña Nieto.
Duarte, que niega haber actuado mal, ha estado en prisión desde su arresto el año pasado. Su caso está entre los que podrían colapsar debido al fallo de la Corte Suprema en noviembre, dijeron dos fuentes del Gobierno con conocimiento de la investigación.
Un abogado de Duarte se negó a comentar.
Base débil. En el caso de Gordillo, el juez Aguilar determinó que las autoridades no tenían una orden judicial antes de buscar información bancaria privada en el 2013 cuando fue arrestada. Por lo tanto, obtuvieron registros ilícitamente para basar sus cargos, según documentos judiciales.
Eso aplica la decisión de la Corte Suprema de noviembre, que pretendía ser un freno a los abusos por parte de los fiscales, dijo Angélica Ortiz, exfuncionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera, parte de la secretaría de Hacienda encargada de ayudar con el combate contra el lavado de dinero en México.
El caso de Gordillo también muestra cómo los procuradores están luchando con un nuevo sistema de juicios orales al estilo estadounidense que da a los abogados defensores más margen para desestimar los cargos por errores de procedimiento, dijo Carlos Pérez, un abogado y experto en lavado de dinero.
"Todavía no estamos listos 100% para los juicios", dijo Pérez. "Esto va a generar que haya una salida no solamente de los gobernadores sino también de otros delincuentes con procesos en marcha".
El nuevo modelo está reemplazando a un opaco sistema inquisitorio y ha puesto a los fiscales a la zaga en el tribunal, dijo Javier López, que dirige el comité contra el lavado de dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
"Las averiguaciones no están siendo debidamente integradas", dijo López, refiriéndose a los procesamientos de los exgobernadores.
