El estudio de la Fundación Paz y Reconciliación estableció que entre el 13 de marzo y el 23 de agosto se registraron 29 hechos violentos que dejaron seis muertos y 30 amenazados.

Cada cuatro días una persona fue víctima de violencia electoral en Colombia, en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, reveló este miércoles un informe de una organización no gubernamental que advirtió sobre el riesgo de un incremento a medida que aumenta la campaña.

El estudio de la Fundación Paz y Reconciliación estableció que entre el 13 de marzo y el 23 de agosto se registraron 29 hechos violentos que dejaron seis muertos y 30 amenazados.

"Este escenario tiende a empeorar en el contexto nacional debido al fortalecimiento de fuerzas políticas alternativas frente a las clases políticas tradicionales", dijo el informe.

En las elecciones locales y regionales de 2019, la violencia electoral dejó 230 víctimas en 177 hechos ocurridos en 28 de los 32 departamentos, según el estudio.

"Conforme avance el tiempo y la inscripción de los candidatos vamos a tener una tendencia a incrementar los hechos de violencia", aseguró en una conferencia de prensa virtual Esteban Salazar, uno de los autores del informe.

Pese a un acuerdo de paz de 2016 con la desmovilizada guerrilla de las FARC, el país sudamericano aún enfrenta un conflicto armado en el que las Fuerzas Armadas enfrentan a disidentes que rechazaron el pacto, a los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional y a bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

Colombia realizará elecciones legislativas en marzo próximo para elegir a los nuevos congresistas, y en mayo la primera vuelta de las presidenciales.

De acuerdo con la investigación, las víctimas de los ataques y amenazas entre marzo y agosto de este año fueron principalmente funcionaros públicos de elección popular como concejales y alcaldes, la mayoría pertenecientes a partidos y movimientos alternativos como Alianza Verde y Colombia Humana.

En el 72,4% de los casos los responsables de los ataques o amenazas no fueron identificados por las autoridades, mientras que el restante 27,5% fueron cometidos por grupos criminales asociados con el narcotráfico que surgieron de los antiguos escuadrones paramilitares de derecha, según el estudio.

"Alguien está pagando estos sicarios para que asesinen a esas personas, o para que los amenacen", dijo por su parte Ariel Ávila, subdirector de Paz y Reconciliación, al asegurar que las víctimas habían denunciado casos de corrupción, actividades de siembra de cultivos de hoja de coca o de minería ilegal.

"En donde hay altos niveles de competencia electoral pareciera que la utilización de la violencia es un mecanismo más de competencia política", concluyó Ávila.