Carlos Bruce preciso que, en la actualidad, se trata de una oficina que está dentro de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entidad que “no tiene dentro de sus funciones los roles de la persecución de dinero ilícito y lucha contra la corrupción”.

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), Carlos Bruce, manifestó que el proyecto para restituir la autonomía funcional de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), permitirá que tenga un trabajo “más fluido y transparente”.

Preciso que, en la actualidad, se trata de una oficina que está dentro de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entidad que “no tiene dentro de sus funciones los roles de la persecución de dinero ilícito y lucha contra la corrupción”.

“La idea de esta propuesta es que además de restituirle su autonomía, siga trabajando con el Ministerio Público como en la actualidad, recabando información de los casos y no pasaría por la SBS, con lo cual tendría un trabajo más fluido y transparente”, dijo a Agencia Andina.

Sostuvo que la elección del jefe de la UIF la realiza también la SBS, mientras que su iniciativa plantea que sea el presidente de la República quien haga una propuesta y sea el Congreso que lo ratifique.

“De esta manera sabremos quién es y podrá gozar de la aprobación de todos, para que sea al igual que en otros países, donde este cargo es tan importante como el de un contralor o de un fiscal de la Nación”, refirió.

Bruce sostuvo que la propuesta pasa porque la UIF se separe de la SBS, aunque seguirá adscrito a este, y se constituya como un organismo independiente.

“Es decir, que se mantenga el financiamiento. De esa manera este jefe de UIF tendrá autonomía para actuar y solo recibirá fondos de la SBS, ahora tiene un jefe por encima que el superintendente de la SBS y no es independiente”, explicó.

Según el proyecto de ley presentado por la bancada de PPK, la designación del jefe de la UIF podría ser para un periodo adicional y se mantendrá en el cargo hasta que se nombre a su reemplazo.

Además, la iniciativa señala que está obligado a dar cuenta de sus acciones al presidente del Consejo de Ministros y a la Comisión de Economía del Congreso, por lo menos una vez, durante el primer semestre de cada año.