Volkswagen está dispuesta a asumir su responsabilidad por su posible colaboración con con la dictadura de Brasil (1964-1985), con cuyo actual gobierno mantiene conversaciones para esclarecer los casos que la involucran.

"Estamos evaluando la injusticia que ocurrió en ese momento", explicó a dpa el director del departamento de Comunicación Histórica del Grupo Volkswagen, Manfred Grieger. Al referirse a una posible reparación colectiva, Grieger señaló que no existe ningún acuerdo en este sentido porque aún no se sabe qué forma podría tomar una indemnización de ese tipo. VW se encuentra en la mira de la justicia brasileña por denuncias que indican que ofreció respaldo económico al régimen dictatorial e incluso elaboró listas negras de sus empleados.

El periódico "O Estado de Sao Paulo" aseguró hoy que Grieger en las actuales conversaciones había ofrecido el pago de indemnizaciones. Sin embargo, el propio representante desmintió esta versión y aludió a las conversaciones que continuarán, a más tardar, a principios de 2016.

Grieger visitó Brasil a mediados de octubre a pedido del Ministerio Público Federal (Fiscalía). Dicho organismo analiza el resultado de las investigaciones que llevó adelante la Comisión de la Verdad, creada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011 para indagar sobre el destino de asesinados y desaparecidos durante la dictadura. "Fue el comienzo de una discusión sobre cómo llegar a un acuerdo a propósito de ese tema", dijo Grieger. El directivo se reunió en Brasil con el fiscal regional de Derechos del Ciudadano de la Fiscalía de Sao Paulo, Pedro Antonio de Oliveira Machado.

Término de Ajuste de Conducta. Según el fiscal, la idea es firmar un Término de Ajuste de Conducta (TAC) y destinar el dinero fruto de la reparación a un fondo público o usarlo en la construcción de un memorial o museo vinculado al periodo, asegura "O Estado de Sao Paulo".

El material que está en manos de los fiscales contiene informes suministrados por centrales sindicales, asociaciones civiles, investigadores, ex integrantes de la Comisión de la Verdad y ex empleados de la fabricante alemana que fueron perseguidos por el régimen.

Dichos grupos entregaron en septiembre a la Fiscalía la documentación y solicitaron la apertura de una investigación civil pública para que se averigüe "cuán objetivamente contribuyó Volkswagen Brasil para que se perpetraran las violaciones de los derechos humanos mencionadas en el informe". En la solicitud, los grupos demandan que se investigue el grado de participación de los miembros de la directiva de la empresa en cada acto de violación de los derechos humanos, en especial "los crímenes de tortura perpetrados en el interior de sus plantas industriales" y la "colaboración con los organismos de seguridad regional, unidades militares y organizaciones sindicales patronales".

En tal sentido, la documentación en poder de la Fiscalía incluye copias de "registros" realizados por el departamento de seguridad de la empresa que fueron enviados al Departamento del Orden Político y Social de Sao Paulo (Dops-SP). Los demandantes exigen además que se investiguen los "beneficios obtenidos por la empresa en razón a la complicidad con el régimen".