El senador Jorge Eduardo Londoño, promotor de ese proyecto, dijo que su idea es "la ratificación de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia y lo que en su momento planteó la Corte Constitucional, y es reiterar que la dosis personal no puede penalizarse".

Un agudo debate se desató este jueves entre la clase política colombiana, alrededor de la penalización o no de la dosis mínima de droga.

Luego de que un sector del uribismo señalara en un proyecto de ley que los adictos a la droga deben ser "obligados" a ir a centros de rehabilitación, ahora desde el Partido Verde surgió una iniciativa que reversa el acto legislativo que penaliza el porte y consumo de la dosis personal.

El senador Jorge Eduardo Londoño, promotor de ese proyecto, dijo que su idea es "la ratificación de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia y lo que en su momento planteó la Corte Constitucional, y es reiterar que la dosis personal no puede penalizarse".

"Cuando una persona consume droga lo hace en virtud del libre desarrollo de su personalidad, es una decisión interna y en un Estado democrático el Estado no puede inmiscuirse en las decisiones internas de las personas", aseguró.

El legislador verde señaló que "el Estado en lo que puede inmiscuirse es en las acciones externas y lo que busco con el proyecto es aclarar eso, y poner como excepción en el artículo lo de la dosis personal que no puede ser penalizada".

“Lo que reiteramos es que la dosis personal no puede ser penalizada en concordancia con lo expresado con la Corte Suprema de Justicia (…) no veo porque penalizar a una persona que consume droga si es su dosis personal, otra cosa es el tráfico de estupefacientes”, insistió.

Y para explicar su proyecto utilizó la siguiente frase: “una persona tiene derecho tiene derecho a consumir lo que quiera y sino con ese argumento entonces no podríamos ir a Tunja (Boyacá) a comer chicarrón porque eso hace daño para el corazón”.

“Cada cual tiene la posibilidad de definir autónomamente que le hace bien y que le hace mal a su cuerpo y en eso el Estado no puede incidir”, añadió.

La intención uribista. En agosto el bloque uribista del Senado presentó un polémico proyecto que busca la regulación de la reforma constitucional que prohíbe el porte y consumo de la dosis mínima.

El senador Juan Carlos Vélez, promotor y autor de la iniciativa, busca que se den reales acciones de carácter terapéutico por parte del Estado en el tratamiento a los adictos.

“El proyecto de ley desarrolla esa norma constitucional -aprobada el año pasado- con campañas de prevención y recursos para que haya acciones de carácter terapéutico por parte del Estado”, aseguró.

El punto álgido del proyecto contempla que los adictos sean “recluidos” en centros de rehabilitación, para que reciban tratamiento. “El Estado estará obligado a brindárselos y a estos se les obligara recibirlo”, explicó. De ser aprobado el proyecto, el Estado asumirá todos los costos de rehabilitación con todos los adictos.