De acuerdo al cable, el gobierno entregaría información selectiva a medios de comunicación en Estados Unidos, España, Colombia y otros países de América Latina.

Bogotá. Esta semana, por violación al debido proceso en cuanto a la forma como se obtuvo la información en territorio ecuatoriano, la Corte Suprema de justicia concluyó que el contenido de los llamados correos de Raúl Reyes es ilegal como prueba judicial.

Lo que tuvo claro la Embajada de Estados Unidos en Colombia desde 2008, es que el gobierno Uribe utilizó estratégicamente ese material, que planificó su entrega selectiva en varios países y que incluso consiguió fondos privados para que un organismo extranjero aportara las conclusiones.

El primer cable se produjo apenas un mes después de la operación militar contra Raúl Reyes en Ecuador, y según el mismo, tanto el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, como el viceministro Sergio Jaramillo habían confirmado que se planeaba utilizar el material incautado para probar conexiones de los presidentes de Venezuela y Ecuador con las Farc.

El reporte diplomático registró que Jaramillo fue designado por el gobierno para desarrollar la estrategia de utilización de los contenidos del computador de Reyes.

El informe detalló cómo se tenía previsto un término de cuatro a seis semanas para que el gobierno entregara información selectiva a medios de comunicación en Estados Unidos, España, Colombia y otros países de América Latina.

Obviamente los temas que debían posicionarse eran las Farc y el presidente Hugo Chávez, las Farc y el presidente Rafael Correa, las Farc y el tráfico de drogas y las Farc y los secuestrados. En cada caso, el Gobierno debía tener el máximo cuidado para evitar que se filtrara información que resultara dañina para la administración Uribe.

El plan se complementaba esperando que la Interpol verificara la integridad de los computadores, para después entregarle el material a una organización independiente que no se identificara con los gobiernos de Colombia ni de Estados Unidos.

El entonces ministro Santos le entregó toda la información a Estados Unidos, pero le dejó claro al embajador que hacía entrega del material con la condición de que el gobierno norteamericano no divulgara sus contenidos, o al menos lo hiciera consultando previamente con Colombia.

En abril de 2008, un nuevo cable detalló el revuelo político y judicial que provocó la acción militar en territorio ecuatoriano, consignando la postura del entonces ministro Santos, en el sentido de que el gobierno se había enterado de la localización de Reyes a través de un informante. Es decir, a través de inteligencia humana, por la cual se pagaron cinco mil millones de pesos. Paradójicamente, el dirigente político que más fustigó al gobierno, argumentando que había muchas mentiras en la operación, fue el congresista del Polo Wilson Borja.

Ya para mayo el tema era prioritario. La prueba es que entre el 9 y el 27 de este mes, se enviaron desde la Embajada de Estados Unidos tres cables detallando el uso de la información de los computadores de Raúl Reyes. En el primero de tales informes quedó evidenciado el interés de Washington de saber cómo estaba manejando Colombia el contenido del material incautado.

El ministro Santos, una vez más, le explicó personalmente al embajador que el gobierno le había dado esa misión específica al viceministro Sergio Jaramillo.

El cable detalló cómo el gobierno colombiano esperaba la certificación de Interpol, pero mientras tanto Jaramillo entregó información a medios seleccionados en Colombia, Estados Unidos, España y algunos países de Suramérica. Es más, resaltó el cable, Jaramillo viajaba cada semana a mostrar información a distintos gobiernos. Lo hizo a México y Brasil, estaba agendado a ir a Chile, al mismo tiempo que el itinerario incluía a Inglaterra y Francia.

Además, tenía claro que se quedaría con información para utilizarla en el futuro.

El 16 de mayo, un nuevo cable diplomático reportó que la Interpol había concluido que no se habían manipulado los archivos de los computadores incautados después del ataque al campamento de Raúl Reyes en Ecuador. Este reporte, según el viceministro de Defensa Sergio Jaramillo, quien manejaba a estrategia del gobierno para usar la información, dejó muy satisfecho al Ejecutivo.

Sin embargo, aclaró el cable, la estrategia que utilizó el Gobierno después del anuncio de la Interpol fue dejar que el presidente Hugo Chávez hablara.

El reporte a Washington concluyó que, según Jaramillo, ya había suficiente evidencia de incriminación que había sido filtrada y que el siguiente paso era entregar información a países selectos y comenzar las acusaciones domésticas. Eso sí, Jaramillo le insistió a Estados Unidos que mantuviera un bajo perfil sobre el asunto, especialmente entre los países de América Latina.

La prueba del éxito de la estrategia utilizada con los llamados correos de Raúl Reyes vino a ratificarse en un cable diplomático fechado a finales de mayo.

En dicho reporte, la Embajada informó a Washington que el fiscal Mario Iguarán había anunciado una investigación formal contra 12 personas por presuntos necos con las Farc, y que la evidencia era el material incautado en el ataque a Raúl Reyes.

La lista la encabezaban la entonces senadora Piedad Córdoba, los representantes del Polo Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, el excandidato presidencial Álvaro Leyva y el editor del periódico Voz, Carlos Lozano. El cable recogió el debate político que se armó en Colombia a raíz de las decisiones judiciales.

Después el tema del computador de Reyes dejó de ser prioritario, y tomó el curso que planeó el gobierno. Por eso, sobre este espinoso asunto, sólo hasta septiembre de 2009 vuelve a aparecer un reporte diplomático.

Esta vez para manifestar que, según el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos en Londres planeaba publicar los contenidos de los discos duros de los computadores recuperados por las Fuerzas Armadas durante la acción militar contra Raúl Reyes en marzo de 2008.

Y en el mismo cable quedó develada una perla. El entonces viceministro Sergio Jaramillo manifestó que el Instituto planeaba entregar la información en dos fases. Primero un análisis académico y luego una publicación con un archivo de búsqueda, pero lamentó que sus reportes estuvieran retrasados. De todos modos, explicó Jaramillo a la Embajada que el Ejecutivo se había asegurado de conseguir fondos privados para que financiaran el proyecto, para de esta manera evitar que se hicieran conexiones con el gobierno de Colombia.

El último cable sobre el tema dejó en evidencia que todo salió como se planificó.El episodio fue rotulado como el escándalo de la Farcpolítica.

Según los medios, Piedad Córdoba, en las comunicaciones de Reyes, al parecer era Teodora Bolívar; y Wilson Borja era acusado de recibir ayuda financiera de las Farc para participar en eventos internacionales. La coletilla del cable fue el comentario del entonces presidente Uribe que criticó los avances lentos de la farcpolítica en contraste con 60 condenados por parapolítica.