La asesora principal de la Washington Office for Latin America (WOLA), Coletta Youngers, señaló que esa medida refleja la preocupación y respeto que tiene el Perú por los derechos humanos.

Lima (Andina). La Washington Office for Latin America (WOLA) destacó este jueves la decisión del Perú de reabrir la investigación sobre las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

La asesora principal de la WOLA, Coletta Youngers,  señaló que esa medida refleja la preocupación y respeto que tiene el Perú por los derechos humanos, y que es expresada a través de sus autoridades.

“Me parece sumamente importante que el Estado peruano haya iniciado una investigación fiscal de este caso y que vaya a la Comisión Interamericana porque es un caso de violación a los derechos humanos muy preocupante”, dijo a la agencia Andina.

El Estado comunicó esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Fiscalía peruana decidió reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas, que fueron archivadas en el pasado por ser consideradas como un delito común.

Youngers señaló que esta medida representa un esfuerzo por esclarecer cómo se desarrolló una política implementada en los noventa que, a través de engaños, coacción y amenazas, quebró la voluntad de más de 200 mil mujeres peruanas, que fueron esterilizadas.

Recordó que el caso fue materia de discusión en diversas instancias internacionales debido a la gravedad de los hechos, en los que, además, murieron 18 mujeres, de acuerdo a investigaciones de activistas de derechos humanos.

“Es importante que el caso llegue a la justicia. Mi impresión general es que un avance muy positivo y demuestra que el gobierno peruano tiene preocupación por los derechos humanos”, sostuvo Youngers.

Youngers explicó que una vez tramitado el caso en la CIDH y si confirma que es un caso de violación de derechos humanos cometido desde el Estado, podría ser elevado a la Corte Interamericana de San José, en Costa Rica.

La Fiscalía Supraprovincial Penal decidió la reapertura de las investigaciones a raíz del caso de María Mestanza Chávez, fallecida en 1998 tras una operación quirúrgica, el cual que fue llevado a la Comisión Interamericana, con sede en Washington.