El caso de las esterilizaciones forzadas fue archivado anteriormente y solo frente a la presión internacional (una resolución de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) el Ministerio Público lo reabrió.
Lima. Existe amplia evidencia de que las esterilizaciones forzadas fueron una política de Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y no una decisión de un grupo de médicos, advirtió la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, consideró preocupante la decisión fiscal de archivar la acusación contra el ex mandatario y varios de sus ministros en el caso de las esterilizaciones aplicadas a unas 200.000 mujeres de los andes en los años 90.
"Pretender procesar solo a unos médicos por el crimen de negligencia es negar que hubo una política coordinada desde los más altos niveles del Estado", dijo al referir que dicha práctica se usó para controlar la natalidad y como método de control social.
Según indicó, la apreciación fiscal resulta inexplicable ya que el caso constituye "sin duda alguna" una violación internacional de los derechos humanos que los estados se encuentran obligados a investigar y sancionar a los responsables.
Las responsabilidades, agregó, deben comprender no solo a los autores materiales sino también a los intelectuales, los que estuvieron tras su ejecución.
"Las exhaustivas investigaciones realizadas por comisiones del Congreso, Defensoría del Pueblo, y organizaciones no gubernamentales, dan cuenta de una amplitud de evidencias de que la esterilización forzada no fue una práctica aislada", aseveró.
"Esperamos que el Ministerio Público acoja la demanda de reabrir el caso contra los responsables intelectuales de las esterilizaciones forzadas en el Perú para así poder cumplir con las obligaciones del Estado, y resarcir a las víctimas y sus familias que sufrieron esta grave violación", añadió.
Tras recordar que colectivos de la sociedad civil adelantaron que llevarían el caso ante el sistema interamericano de no encontrar justicia en el Perú, Burt consideró que ello sería grave.
"Perú está encaminado a resolver este tipo de casos en los fueros internos, pero frente a una nueva ola de impunidad, se estarían viendo obligados a recurrirse al sistema interamericano", comentó.
El caso de las esterilizaciones forzadas fue archivado anteriormente y solo frente a la presión internacional (una resolución de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) el Ministerio Público lo reabrió.
