Las mujeres que se someten a un aborto en Honduras actualmente enfrentan hasta seis años de cárcel y los activistas esperaban replicar el éxito de las activistas feministas en Argentina, que el mes pasado legalizó el aborto hasta las 14 semanas de embarazo.
Tegucigalpa. Activistas hondureñas por los derechos de las mujeres prometieron continuar su lucha por la despenalización del aborto el viernes, luego de que legisladores del conservador país católico aprobaron una reforma constitucional que reforzaría la prohibición.
Las mujeres que se someten a un aborto en Honduras actualmente enfrentan hasta seis años de cárcel y los activistas esperaban replicar el éxito de las activistas feministas en Argentina, que el mes pasado legalizó el aborto hasta las 14 semanas de embarazo.
Pero la reforma aprobada por el Congreso hondureño el jueves invalidaría cualquier ley que permitiera "la práctica de cualquier tipo de interrupción de la vida del nonato".
Neesa Medina, integrante del colectivo feminista hondureño Somos Muchas, acusó a los legisladores de ignorar el sufrimiento de las mujeres en el país centroamericano, donde los niveles de violencia sexual son altos.
"Hay miles de personas afectadas por la pandemia, la atención médica es insuficiente y miles se van en caravanas, muchas de ellas mujeres y niñas", dijo, refiriéndose a los miles de hondureños pobres que actualmente intentan llegar a Estados Unidos.
Medina dijo que las actitudes habían cambiado desde que los legisladores hondureños consideraron por última vez una medida para legalizar el aborto en circunstancias limitadas en 2017, cuando dijo que la criminalización era una "verdad incuestionable".
"Simplemente sembrar dudas ha sido crucial", dijo a la Fundación Thomson Reuters. "Hay un avance al menos en el tejido social y la conciencia colectiva. Ahora hay más voces que cuestionan la penalización absoluta del aborto".
Se estima que el 40 por ciento de los embarazos en Honduras son no planificados o no deseados, según Human Rights Watch, y las Naciones Unidas estiman que entre 51.000 y 82.000 mujeres y niñas hondureñas corren el riesgo de abortos inseguros cada año.
En 2017, más de 8.700 mujeres fueron hospitalizadas en Honduras por complicaciones del aborto, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud Pública.
Desde la fallida reforma de 2017, las activistas feministas han redoblado sus esfuerzos para promover el aborto seguro y legal, organizando dos importantes conferencias en la capital a las que asistieron cientos de mujeres.
La abogada Carmen López dijo que el movimiento seguiría luchando y estaba analizando qué acciones legales se podrían tomar para desafiar la reforma planificada.
“Los grupos feministas están en constante acción, unen apoyos, denuncian, llaman la atención, y creo que ese es el trabajo ahora”, dijo López, quien trabaja con el bufete de abogados Equipo Legal para los Derechos Humanos.
Honduras es uno de los seis países de América Latina y el Caribe con prohibiciones totales del aborto.
La mayoría de los 6,5 millones de abortos realizados en América Latina cada año son inseguros, según el Instituto Guttmacher, y al menos una de cada 10 muertes maternas en la región puede atribuirse a abortos.
La reforma propuesta aún necesitará una segunda votación en la legislatura unicameral el próximo año antes de su promulgación.
Las activistas feministas protestaron frente al edificio del Congreso el jueves, muchas de las cuales llevaban en las muñecas pañuelos verdes que se convirtieron en el símbolo del movimiento por el aborto seguro y legal en Argentina.
Julissa Rivas, activista del grupo feminista hondureño Yo No Quiero Ser Violada (No quiero que me violen), dijo que la reforma alentaría a los activistas a "seguir reconsiderando las formas en que luchamos".
