Se explicó que los códigos asociados a la cultura del narco y figuras extremas de violencia, comienzan a tener reflejo o reproducción social en muchos grupos de niños y adolescentes, en particular en el norte del país.

La violencia que se ha vivido en el país no pasará desapercibida. De acuerdo con el secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez, las dinámicas y patrones de agresiones pueden comenzar a transmitirse en los hogares y las escuelas. Sin una adecuada intervención del Estado, esta situación podría escalar y causar un severo impacto en la salud mental de las familias.

Con base en información emitida por la Secretaría de Gobernación en el mes de marzo del 2013, el número de desapareciones podría ascender a 26.121 todas ocurridas en un lapso de seis años. Asimismo, más de 100.000 homicidios dolosos en México se registraron entre enero del 2007 y septiembre del 2012, reportó la organización México Evalúa. Ello, a decir del activista, ya tiene ya un saldo en el desarrollo de las familias.

En entrevista, Juan Martín Pérez, explica que los códigos asociados a la cultura del narco y figuras extremas de violencia, comienzan a tener reflejo o reproducción social en muchos grupos de niños y adolescentes, en particular en el norte del país.

A nivel institucional, no se ha hablado con los menores de edad de lo ocurrido, cada familia ha tenido que encontrar una explicación a la escalada de crímenes y asesinatos. Estar inmerso en esta circunstancia puede tener un efecto negativo entre los infantes, quienes corren el riesgo de que la violencia se convierta en una forma de solución de problemas.

Para el secretario ejecutivo de Redim, lo que por obligación tendría que hacer el Estado sería desarrollar un diagnóstico sobre todas las formas de violencia existentes, así como el tipo de víctimas y en dónde están localizadas. Sólo así es posible desarrollar un marco de actuación base para atender necesidades particulares.

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, en el año 2011 se reportaron 21.000 casos de maltrato infantil, registrados por las procuradurías de la defensa del menor y la familia de los sistemas estatales del DIF; en 14.289 de estos reportes se comprobó maltrato. Sin embargo, sólo se presentaron 1.666 denuncias por estos hechos ante el Ministerio Público en toda la República Mexicana.

Redim destaca que si bien los últimos datos que se reportan son del 2011, este último reporte sólo lo realizaron la mitad de los estados de la República: en 16 estados no hay ningún dato referente a maltrato infantil. “Esta ausencia de información es preocupante” si consideramos que en el año 2012 se registraron 192 homicidios en la población de cero a cuatro años; de estos, 39 homicidios, 20%, ocurrieron en el Estado de México, destaca el activista.

“Sin esas actuaciones, la violencia va a desdoblarse y va a reproducirse de muchas y múltiples formas, porque no hay una actuación institucional para frenarla”, alertó Juan Martín Pérez quien, asimismo, destacó que el Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho a los infantes a tener un proyecto de vida.

Ello, toda vez que se registran unos 6,5 millones de infantes y adolescentes que están fuera de la escuela. Entre los motivos más frecuentes, explicó, se reportan factores del orden económico, accesibilidad y una parte por seguridad.

En promedio, 20 de cada 100 personas no continúa con la secundaria después de los 16 años, lo que significa que hay un alto porcentaje de jóvenes que tendrán un trabajo precario.

Hace 24 años, México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño y la tarea central encomendada fue la de crear un sistema nacional de garantía de derechos, hecho que no se ha cumplido. “Estos mecanismos nacionales de articulación entre las secretarías de Estado, entre los distintos niveles de gobierno, no se han dado y por eso tenemos este desastre”, concluyó el director de Redim.