La víctima había denunciado delitos cometidos por grupos armados ilegales y era miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Bogotá. Amnistía Internacional pidió este jueves a Colombia investigar el asesinato de un defensor de derechos humanos que participaba en campañas de denuncias de los abusos cometidos por paramilitares de ultraderecha y que lideraba un movimiento para la recuperación de tierras.

Rogelio Martínez, quien representaba a las comunidades de desplazados de la zona rural del municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre, en el norte de Colombia, murió este martes baleado por un grupo de hombres encapuchados vestidos de negro, mientras viajaba a su casa en una moto taxi.

La violencia contra defensores de derechos humanos y sindicalistas es la principal razón por la que demócratas en el Congreso de Estados Unidos se muestran renuentes a aprobar un Tratado de Libre Comercio que firmaron Bogotá y Washington.

"Martínez luchó largo y duro para asegurar que los campesinos de la zona pudieran recuperar las tierras robadas por paramilitares en connivencia con las fuerzas de seguridad", dijo Marcelo Pollack, investigador de Colombia de Amnistía Internacional, citado en un comunicado.

El año pasado 32 activistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, de acuerdo con el programa no gubernamental Somos Defensores.

La víctima también se dedicaba a denunciar violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos armados ilegales y era miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

El activista había sido repetidamente amenazado de muerte por sus denuncias y su campaña para recuperar las tierras de los campesinos desalojados y desplazados.

"Aquellos que luchan por la verdad, la justicia y la reparación y la devolución de las tierras arrebatadas por los grupos paramilitares en el contexto del prolongado conflicto armado en Colombia siguen pagando un alto precio por su trabajo de derechos humanos", aseguró Pollack.

"Las autoridades colombianas también tienen la responsabilidad de garantizar que los defensores de los derechos humanos en Sucre, y en el país en su conjunto, estén protegidos eficazmente de manera que puedan realizar su trabajo de forma segura y libre de temor", agregó.

Los grupos paramilitares surgieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes para defenderse de los ataques de la guerrilla izquierdista ante la ineficiencia del Estado para combatir a los rebeldes.

Con el paso de los años los escuadrones de ultraderecha expulsaron a la guerrilla de varias regiones del país en medio de sangrientas confrontaciones que dejaron miles de muertos y consolidaron enclaves militares y políticos dentro del país.

Aunque más de 31.000 paramilitares se desmovilizaron y depusieron las armas en medio de una negociación de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, la mayoría regresó a la ilegalidad como integrantes de grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico.