La protesta se concretó a pesar de las gestiones del Gobierno, que amenazó con expulsar a la agencia estadounidense USAID si continuaba su supuesto apoyo a ONGs a las que sindicó como organizadoras de la marcha.

La Paz. Indígenas amazónicos de Bolivia iniciaron este lunes una marcha de varias semanas rumbo a La Paz, demandando "autonomía plena", en una protesta que amenazaba con provocar nuevos roces entre el gobierno de Evo Morales y la embajada estadounidense.

Unos 500 indígenas de tierras bajas del norte y el oriente, uno de los sectores más favorecidos por la "revolución" liderada por Morales, partieron este lunes de la ciudad de Trinidad con el propósito de caminar casi 1.500 kilómetros, incluida una pausa en la ciudad oriental de Santa Cruz, dijeron medios locales.

La protesta -en la que no participaban los guaraníes, la mayor etnia de las tierras bajas bolivianas- se inició pese a intensas gestiones del Gobierno, que amenazó con expulsar a la agencia estadounidense USAID si continuaba su supuesto apoyo a organizaciones no gubernamentales (ONGs) no identificadas a las que señaló como organizadoras de la marcha.

Con parecidas denuncias de injerencia en política interna, el autoproclamado "anti imperialista" Morales echó en 2008 al embajador y a la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA.

Radio Erbol dijo que indígenas procedentes de comunidades del departamento de Beni asistieron a una celebración católica al comenzar su primera jornada de marcha, en la que avanzaron unos 30 kilómetros, a un ritmo que les permitiría arribar en dos a tres semanas a Santa Cruz.

"Exigimos una autonomía plena que el Gobierno se niega a reconocer", dijo este martes el presidente de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, según la radio.

El líder indígena, uno de los más radicales partidarios del Gobierno hasta que hace varias semanas asumió una actitud crítica frente a un proyecto oficial de ley de autonomías, agregó que un diálogo con el Gobierno sólo podría realizarse "en plena carretera, ante los marchistas".

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, aseguró este martes que el Gobierno cumplió todos sus compromisos con los pueblos indígenas y señaló que la demanda de "autonomía plena" no era atendible porque implicaba modificar una nueva Constitución que apenas estaba entrando en vigencia.

"La CIDOB tiene que sacudirse de la injerencia de algunas ONGs vinculadas a USAID y volver al diálogo con el Gobierno que ellos mismos han declarado roto sin motivos valederos", dijo.

Romero explicó que todo el texto de la futura ley de autonomías estaba concertado con los originarios hasta que la CIDOB planteó que las autonomías indígenas tengan capacidad de modificar los límites entre los departamentos y aprobar sus estatutos por "usos y costumbres" y no por referendo.

"Ambas medidas no están permitidas por la Constitución, plantearlas ahora es bloquear un acuerdo autonómico difícilmente negociado", advirtió el ministro, quien por el otro lado enfrenta presiones de los gobernadores departamentales que defienden sus propios espacios de autonomías.

La agencia USAID ha sido señalada varias veces por el Gobierno como financiadora de ONGs que alentarían la protesta indígena, extremo negado por los líderes amazónicos que acusan en cambio a Morales de hacer demasiadas concesiones a la derecha.

Desde la llegada de Morales al poder en 2006, los pueblos indígenas mayoritarios de las regiones andinas y los pequeños pueblos indígenas de los llanos orientales han ganado protagonismo político y conquistado, entre otros cambios, el derecho a la autonomía en sus territorios.

Los indígenas ganaron también el derecho a bancas reservadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, o Congreso, y representación en los órganos nacionales y departamentales de la justicia y el poder electoral.

La ley de autonomías debe ser aprobada hasta el 22 de julio como parte de un paquete de cinco normas orgánicas de aplicación de la constitución "plurinacional" y socialista vigente en Bolivia desde febrero de 2009.