Si bien el conflicto colombiano se deriva de la injusticia social y su reclamo armado, la guerra que se libra en Colombia, desde hace 58 años, es una guerra por la tierra.
Lo que empezó como intimidación de “bandidos” se convirtió en estrategia sistemática de los ilegales para despojar a los campesinos de techo y parcela. Para lo que, a menudo, ha bastado un arma y una frase: “Nos vende su tierra por lo que le ofrecemos o le compramos a su viuda más barato”. Una amenaza que los grupos guerrilleros y paramilitares de ultraderecha, fundados, supuestamente, para combatir a la ultraizquierda, así como sus sucesores, adoptaron y siguen aplicando.
Si bien el despojo de tierras es la principal razón del desplazamiento forzado en Colombia, también lo han sido la violencia sexual contra las mujeres, el reclutamiento de menores, la persecución de la población Lgbti, la extorsión y el secuestro, la desaparición forzada y el fuego cruzado entre ilegales y Fuerzas Militares. Así fue como Colombia se convirtió, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el segundo país, después de Siria, con el mayor número de desplazados.
“Desde el inicio de los diálogos de paz, en octubre de 2012, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Cuba, las víctimas, en su mayoría desplazados, luchan por su reconocimiento en las negociaciones”, destaca Eduardo Velosa, profesor de la Universidad Javeriana de Colombia e investigador en doctorado del Instituto GIGA, en Hamburgo, quien acota que “quienes se consideran exclusivamente víctimas de las FARC expresan su descontento porque estas aún no reconocen su responsabilidad como victimarios y eluden decir cómo van a reparar a sus víctimas”.
Victimarios varios, víctimas diversas. Otro de los obstáculos que aún debe superar la representación de las víctimas en el proceso de paz es que “no hay un solo tipo de víctima, debido a que sus victimarios son diversos. Si bien los primeros autores de la violencia contra los civiles han sido las FARC, también los paramilitares de ultraderecha y las bandas criminales sucesoras (Bacrim), así como algunos agentes del Estado han sido actores del desplazamiento”, precisa Velosa.
La diversidad de los crímenes y los victimarios del conflicto en Colombia se convierte así en un gran reto para la Ley de Justicia y Paz que busca la verdad, la reparación de daños y la restitución de las tierras y los bienes usurpados.
[[wysiwyg_imageupload:5719:height=580,width=373]]
Equidad en el campo: clave para el futuro de Colombia. Para Marco Romero, director de la ONG Codhes, una consultoría para los derechos humanos y los desplazados, “la restitución de las tierras y los derechos civiles es el mayor reto que tiene que valer tanto para los desplazados como para toda la población rural, que sufre la peor precariedad en Colombia”.
Colombia, según el politólogo Romero, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, “aún tiene tierra para todos y podría ser una sociedad incluyente, pero somos un país anacrónico con una de las mayores concentraciones de tierras en manos de unas pocas familias”. Según Daniel Libreros, de la Universidad Nacional de Bogotá, en el diario El Espectador de Colombia, “el 1% de las familias concentran el 60% de la tierra cultivable” en este país.
