La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas establece un régimen de sanciones para compañías que cometan delitos contra la administración pública, lo que también ayudaría a combatir la corrupción en el Estado.
El Congreso de Argentina aprobó este miércoles un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para fijar castigos contra empresas que cometan delitos de corrupción, luego de que la Cámara de Diputados ratificó la media sanción que había obtenido la propuesta en el Senado en septiembre.
La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas establece un régimen de sanciones para compañías que cometan delitos contra la administración pública, lo que también ayudaría a combatir la corrupción en el Estado.
La iniciativa, que establece la figura del "arrepentido" en el sector privado y permitiría que empresas puedan reducir las sanciones si brindan información sobre actos de corrupción, recibió 144 votos a favor, seis en contra y 31 abstenciones.
"Esta ley promueve la ética empresarial y sanciona duramente a aquellas empresas que participen en actos corruptos. Este es un gran paso normativo", dijo la secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Argentina, Laura Alonso, en su cuenta de Twitter.
La normativa estipula que las empresas involucradas en delitos contra la administración pública podrían recibir suspensiones para participar en licitaciones del Estado por hasta 10 años, señaló la agencia estatal de noticias Télam.
El proyecto del Gobierno del presidente Mauricio Macri ya había sido aprobado por la Cámara Baja en julio. Sin embargo, fue modificado por el Senado y, tras su aprobación por la Cámara alta, debió ser votado nuevamente por los diputados.
Una de las modificaciones que hizo el Senado a la iniciativa fue la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, incluida en el texto original.
La sanción, con los cambios realizados por la Cámara alta, se produce en el mismo año en que Argentina inhabilitó por un año a la constructora brasileña Odebrecht para participar en licitaciones de obras públicas, en medio de una investigación de un masivo escándalo de corrupción regional.
Hasta la aprobación del proyecto, en Argentina no existía una legislación que estableciera sanciones a empresas, un reclamo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al país sudamericano, que busca ser incorporado al grupo.
