Aunque estos expertos concuerdan en que son necesarias las medidas extraordinarias para frenar la pandemia, algunos están preocupados por una erosión de los derechos fundamentales, además del riesgo de que estas estrictas disposiciones no sean revertidas después.
Londres. En Armenia, los periodistas deben incluir por ley información del gobierno en sus historias sobre el COVID-19. En Filipinas, el presidente ha pedido a las fuerzas de seguridad que "maten a tiros" a cualquiera que viole el confinamiento. En Hungría, el primer ministro puede gobernar por decreto indefinidamente.
Gobiernos de Europa, Oriente Medio, Asia, África y América han implantando estados de emergencia para combatir la propagación del nuevo coronavirus, imponiendo algunas de las restricciones más duras sobre las libertades civiles desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, según abogados y activistas proderechos humanos.
Aunque estos expertos concuerdan en que son necesarias las medidas extraordinarias para frenar la pandemia más letal en un siglo, algunos están preocupados por una erosión de los derechos fundamentales, además del riesgo de que estas estrictas disposiciones no sean revertidas después.
"Con el virus se corre el riesgo de replicar la reacción al 11 de septiembre", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, en referencia a la maraña de leyes sobre seguridad y vigilancia impuesta en todo el mundo tras los ataques de al Qaeda en Estados Unidos, que acabaron con la vida de unas 3.000 personas.
"La gente tenía miedo y pidió a los gobiernos que les protegieran. Muchos gobiernos se aprovecharon de esto para minar los derechos en formas que superaron por mucho la amenaza terrorista", dijo a Reuters.
Roth se refería a la legislación de países como Estados Unidos, Reino Unido y los miembros de la Unión Europea, que aumentó la recolección de datos de visas e inmigración, así como sus poderes antiterroristas.
Algunas medidas impuestas en respuesta a la crisis pueden normalizarse, como las colas más largas por seguridad en los aeropuertos a cambio de volar seguro. Cuando pase el brote de coronavirus, podrían hacerse aceptables compensaciones similares en asuntos como vigilancia, según algunos comentaristas políticos y sociales.
En Corea del Sur, el uso del teléfono móvil y otros datos para seguir a potenciales portadores del virus e imponer cuarentenas ha sido una estrategia exitosa y es un modelo que podría ser replicado en todo el mundo para protegerse de las pandemias, indicaron.
El consultor político Bruno Macaes, un exministro portugués, dijo que la obsesión de la gente con la privacidad complica el combate contra amenazas como las pandemias, a pesar de que la tecnología para seguir al virus podría ayudar.
"Cada vez estoy más convencido de que la mayor batalla de nuestro tiempo es contra la 'religión de la privacidad'. Realmente podría hacer que muramos todos", señaló.
Crisis extraordinaria. Ante la propagación del virus desde China a todo el mundo, con más de 1,4 millones de infectados y 82.000 muertos, los gobiernos han aprobado leyes y emitido órdenes ejecutivas.
La máxima prioridad de las medidas es proteger la salud pública y limitar la extensión del contagio.
"Es una crisis bastante extraordinaria y lo cierto es que no tengo problemas con un gobierno que haga cosas sensibles si son extraordinarias con el fin de proteger a la gente", dijo Clive Stafford-Smith, un destacado abogado de los derechos civiles.
El International Center for Not-For-Profit Law, con sede en Estados Unidos, creó una base de datos para supervisar las leyes y cómo afectan a las libertades cívicas y los derechos humanos.
Según su recuento, hasta el momento 68 países han realizado declaraciones de emergencia, mientras que nueve han introducido medidas que afectan a la libertad de expresión, 11 aumentaron la vigilancia y 72 implantaron restricciones a las reuniones.
Carl Dolan, del Open Society European Policy Institute, advirtió acerca de la tendencia de algunos gobiernos de mantener vigentes los poderes extraordinarios mucho tiempo después de que pase la amenaza por la cual fueron introducidos.
Dolan propuso una revisión obligada de tales medidas al menos cada seis meses, advirtiendo en el caso contrario de "un descenso gradual hacia el autoritarismo".
