El fin de la renovación de tarjetas sanitarias a personas "sin papeles" - una medida con la que Madrid calcula ahorrar unos 500 millones de euros - ha chocado con la oposición de numerosos grupos sociales y de los médicos, que dijeron que seguirán atendiendo a aquellos pacientes que se queden fuera del sistema.
Madrid. España dejó este sábado de prestar atención sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales, una de las medidas de recorte más polémicas emprendidas por el gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy para cumplir con su objetivo de reducción del déficit fiscal impuesto por la Unión Europea.
El fin de la renovación de tarjetas sanitarias a personas "sin papeles" - una medida con la que Madrid calcula ahorrar unos 500 millones de euros - ha chocado con la oposición de numerosos grupos sociales y de los médicos, que dijeron que seguirán atendiendo a aquellos pacientes que se queden fuera del sistema.
La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa que la cobertura se restringirá a los inmigrantes en situación irregular que ahora tendrán "derecho a una asistencia sanitaria (de urgencia), pero no utilizando una tarjeta sanitaria que (también) confiere derechos a sus familiares".
"No va a haber desatención sanitaria", dijo Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros del viernes, recordando que el sistema seguirá prestando servicios de salud a "menores, mujeres embarazadas, casos de urgencia, tratamientos de esos casos de urgencia, además de prevención y control de enfermedades transmitibles".
El plan de reformas aplicadas al sistema sanitario español, con el que el Ejecutivo busca un ahorro total de 7.000 millones de euros, incluye además el copago de recetas farmacéuticas que entró en vigor en julio, medidas sobre la atención a turistas - para reducir los costos en 1.000 millones - y el aumento de la coordinación entre comunidades.
Entre los críticos al retiro de las tarjetas están las organizaciones activistas Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC, que señalaron que la reforma vulnera los derechos humanos.
"Cuando entre en vigor, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de los colectivos más vulnerables (...) y por ser una medida regresiva y discriminatoria", explicaron el viernes en un comunicado conjunto.
Según las organizaciones, esta decisión "podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud".
Financiamiento. A pesar de que a partir de este sábado los inmigrantes sin permiso de residencia tendrán que abonar sus consultas, como ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea, la portavoz del Gobierno reconoció que aún "se tienen que buscar los mecanismos para el reintegro y el reembolso de esos gastos" .
Los pagos podrían realizarse bien a través de convenios bilaterales con los países de origen de los beneficiarios, que sean ellos quienes lo paguen o que el proceso corra a cargo de fondos sociales.
En este caso, "las comunidades autónomas pueden definir en sus ámbitos de competencias cómo se va a dar esa atención y a sufragar", apuntó Sáenz de Santamaría.
También desde este sábado, los españoles deben pagar íntegramente el precio de hasta 417 fármacos menores - antes incluidos en el catálogo de medicamentos subvencionados por el Estado - con lo que el Gobierno espera ahorrar hasta 450 millones de euros.
El objetivo de España es reducir su déficit publico de 8,9% del PIB en 2011 al 2,8% en 2014, para lo cual no podrá superar 6,3% en 2012 y 4,5% en 2013.
Entre las medidas puestas en marcha también está el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que dejará unos 22.100 millones en las arcas del Estado hasta 2014, una reforma del sistema educativo - que supondría un ahorro en torno a los 3.000 millones de euros - y recortes en los empleos públicos, entre otros.
