Un ejemplo de la compleja situación que se vive en el país es La Línea. El gobierno local es el primer empleador del pueblo y simplemente ha dejado de pagar el salario a sus 800 empleados.

Las facturas impagas se amontonan en los ayuntamientos y gobiernos regionales españoles, apenas unos meses después de que Madrid anunciase un rescate que pretendía poner fin al bochorno de trabajadores y proveedores sin cobrar.

La crisis financiera en las administraciones locales y regionales está afectando desde a las grandes corporaciones españolas al personal local, que estaría entre los trabajadores peor pagados si no fuera porque con frecuencia no les pagan en absoluto.

Inma Martínez, separada y con cuatro hijos, es víctima de los intentos de gobiernos locales y regionales por financiar sus déficit presupuestarios retrasando los pagos.

Como a ella, a muchos empleados municipales en la localidad andaluza de la Línea de la Concepción les deben ocho meses de salario. Sin embargo, Martínez va cada día a limpiar la estación de autobuses temiendo que si se queda en casa el Ayuntamiento la despida, y eso pudiera terminar con cualquier posibilidad de recuperar su salario.

Martínez, de 47 años, ha tenido que recurrir a pedir comida con otras familias del pueblo en un centro comercial de La Línea, situada junto al enclave británico de Gibraltar.

"Sólo queremos ayuda para comida (...) es muy difícil para la Iglesia ayudarnos a todos en este momento", dijo Martínez, que lleva 14 años trabajando como limpiadora en la localidad gaditana.

Ahora esta mujer, con hijos de entre 12 y 27 años, dice sufrir depresión por la incertidumbre de su trabajo. "La gente lo ha perdido todo: sus coches, sus casas. La situación es muy, muy mala y no nos dan nada de información concreta".

Esta no debería ser la situación. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció un programa de rescate de 30.000 millones de euros para cubrir meses e incluso años de facturas sin pagar para servicios como sanidad o gestión de basuras.

Se suponía que la línea de crédito era un acuerdo puntual para los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, origen de los problemas que hacen temer que el gobierno central necesite su propio rescate de la eurozona.

Los gobiernos autonómicos y municipales sobrepasaron con creces sus límites de déficit presupuestario el año pasado. Este año reciben una gran presión de Madrid para que reduzcan su déficit a un total de 1,5%o de la producción económica del país, desde el 3,3% del año pasado. Eso implica ahorros de 18.000 millones de euros.

El rescate original ofrecido por el Gobierno estaba diseñado para saldar facturas y sueldos sin pagar emitidas antes de finales de 2011.

Pero España está en recesión, y el consiguiente descenso en ingresos fiscales está anulando los recortes de gastos de las administraciones, que han empezado a intentar cumplir sus objetivos fiscales de este año dejando que se vuelvan a amontonar las facturas.

El Gobierno central ya ha tenido que intervenir con un segundo rescate de 18.000 millones de euros, en esta ocasión para ayudar a las regiones a cumplir sus obligaciones en bonos.

Las asociaciones empresariales quieren que Madrid permita a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos acceder a fondos del segundo rescate, el Fondo de Liquidez Autonómica, para pagar a proveedores además de para cumplir sus vencimientos de deuda, según fuentes que representaban a grandes empresas del país.

"El sector está en conversaciones con el Gobierno para utilizar primero 2.500 millones de euros que quedan de la línea original de crédito para cumplir deuda hasta el 30 de junio, y después recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica".

La constructora FCC y las compañías de servicios y limpieza urbana subsidiarias de firmas de infraestructuras como ACS, Ferrovial y Sacyr se han visto afectadas por cuentas sin pagar.

Lo mismo les ocurre a las empresas farmacéuticas y sanidad como Roche y Sanofi. Su grupo de presión Farmaindustria ha dicho que las regiones parecen estar acumulando facturas sin pagar a un ritmo más rápido este año que en el pasado, tras acumular 1.500 millones de deuda a sus miembros entre enero y junio.

"El Gobierno tiene munición suficiente ahora mismo para resolver la situación actual. La cuestión es asegurar que este comportamiento nefasto no se repite", dijo la fuente empresarial.

La competencia en educación, sanidad y otros servicios la tienen las comunidades autónomas. Durante años, el boom inmobiliario en España producía jugosos ingresos en impuestos, y las administraciones ajustaron sus gastos en consecuencia.

Sin embargo, el mercado inmobiliario se derrumbó hace cuatro años, arrastrando los ingresos fiscales. Una pobre gestión en todos los niveles del Gobierno ha empeorado el problema.

"España basó sus gastos en una burbuja inmobiliaria, como si fuera a seguir recibiendo esos beneficios para siempre", comentó J. Ignacio Conde-Ruiz, economista del grupo de estudios Fedea.

La última ronda de medidas de austeridad de Rajoy, por valor de 65 millones de euros, incluye reformas para aligerar los ayuntamientos y cancelar servicios locales que no pueden financiarse.

Drama familiar. La Línea refleja los problemas de los ciudadanos que dependen de presupuestos públicos. El gobierno local es el primer empleador del pueblo, y simplemente ha dejado de pagar el salario a sus 800 empleados. El personal ha recibido su paga extra de Navidad, hace apenas dos semanas.

Los empleados del Gobierno tienen pocas posibilidades de encontrar otro trabajo en el pueblo si dejan su puesto. Martínez dijo que una compañera que había decidido dejarlo está ahora sin empleo.

La Línea no tiene industria y poco turismo, pese a su cercanía con el destino turístico de Gibraltar. El desempleo ronda 40%, muy por encima de la media nacional de 25%.

Los vecinos dicen que la alcaldesa, la socialista Gemma Araujo, debería negociar un acuerdo mejor para que el ayuntamiento pague sus deudas y priorice el pago al personal.

Araujo admitió que a los trabajadores municipales se les debe un total de ocho mensualidades, pero negó que hayan pasado ocho meses sin nada, señalando que en junio se hicieron algunos pagos.

La alcaldesa culpó de la situación a la administración anterior, perteneciente al gobernante Partido Popular.

"Cuando asumimos el poder hace año y medio, descubrimos que la situación era totalmente caótica en el Ayuntamiento. Había 132 millones de euros de deuda a proveedores", dijo a Reuters.

Ahora, 70% de los ingresos se usan para pagar deudas, dejando poco con lo que gestionar servicios o pagar al personal.

Araujo y sus altos cargos siguen recibiendo sus salarios, aunque reducidos.

"Los salarios de la alcaldesa y los altos cargos se han reducido un 70 por ciento", dijo. "Ahora tenemos que estabilizar la situación de sueldos".

Su personal ya está desmoralizado. Mercedes Corbacho, que restaura arte religioso y dirige un museo en el pueblo, dijo que hay pocas ganas de luchar por los sueldos sin cobrar.

"No hay huelgas, no hay presión. En la última protesta a la que fui había cinco personas", dijo.

Corbacho comentó que ha empezado a quedarse retrasada en el pago de su hipoteca, aunque al menos su marido, profesor de instituto, sigue recibiendo su sueldo.

"Ahora tengo que pagar mis materiales (...) No tenemos Internet (en el museo), ni siquiera tengo un ordenador", dijo. Su marido ha propuesto mudarse a otro sitio con sus hijos de 3 y 5 años, pero son reacios a marcharse.

"Las cosas están mal en toda España, pero no podemos trabajar sin cobrar", dijo.