El estudio Pobreza infantil en América Latina y el Caribe, que desarrolla una medición y diagnóstico de la pobreza infantil desde un enfoque de derechos en la región, busca proponer recomendaciones de política pública para su superación.

En América Latina y el Caribe, 45% de los niños se ve afectado por al menos una privación moderada o grave en sus derechos, lo que hace que casi 81 millones de menores de 18 años se encuentren en situación de pobreza infantil, según un estudio de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El estudio Pobreza infantil en América Latina y el Caribe, que desarrolla una medición y diagnóstico de la pobreza infantil desde un enfoque de derechos en la región y busca proponer recomendaciones de política pública para su superación, advierte que existe una gran heterogeneidad entre países: en Bolivia, el Salvador, Guatemala, Honduras y Perú, más de dos tercios de los niños son pobres; por el contrario, en Chile, Costa Rica y Uruguay, menos de uno de cada cuatro niños sufre pobreza infantil.

El estudio, realizado entre 2008-2009, midió múltiples dimensiones de la pobreza infantil en América Latina y el Caribe, vinculando cada una al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que entró en vigencia en 1989. Tomó en cuenta factores como la nutrición, acceso a agua potable, conexión a servicios de saneamiento, la calidad de la vivienda y el número de personas por habitación, asistencia a la escuela y acceso a medios de comunicación e información, cuya privación contribuye a un cuadro de pobreza y exclusión social.

Además, el análisis consideró el nivel de ingresos de sus hogares y la capacidad potencial de que estos recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas.

“A fin de eliminar el flagelo de la pobreza infantil, los gobiernos deben integrar las políticas sociales, las políticas de empleo y las políticas macroeconómicas. Esto requiere asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, aumentar la provisión y la calidad de los servicios, como también ampliar los sistemas de protección social”, señalan Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y Bernt Aasen, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe en el prólogo del documento.

En materia de políticas públicas, el informe indica que para avanzar en la superación de la pobreza infantil es necesario invertir en la infancia y reducir las persistentes desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género presentes en todos los países de la región. Este proceso debe realizarse desde las edades más tempranas de modo de romper la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Finalmente, detalla las intervenciones públicas a nivel multisectorial que deberían ponerse en marcha para eliminar la pobreza infantil, especialmente asegurar los derechos a la alimentación y a la salud, al agua, al saneamiento, a la educación y a la información.