La ley fue sancionada la noche del jueves por la mayoría oficialista en el Legislativo en medio de tensión y el abandono de opositores e indígenas del hemiciclo parlamentario.
Dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) como Adolfo Chávez y Lázaro Tacó informaron que sus bases bloquearán la aplicación de la consulta porque reivindican la vigencia de la ley corta que vetó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por su territorio.
La ley fue sancionada la noche del jueves por la mayoría oficialista en el Legislativo en medio de tensión y el abandono de opositores e indígenas del hemiciclo parlamentario. Morales promulgó la tarde de ayer en el Palacio la iniciativa que apunta a levantar la intangibilidad y construir la infraestructura vial por el parque.
Representantes de los marchistas del Consejo Indígena del Sur (Conisur), que impulsaron la aprobación de la norma, participaron del acto en el que el Presidente denunció que la movilización de la CIDOB (entre agosto y octubre, desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz) “ha sido la marcha de la ONG”.
Arico Vilche, dirigente del Conisur, habló a nombre de los movilizados desde Isinuta, Chapare, a la sede de gobierno. Aseguró que son indígenas los que exigen la consulta para definir la construcción de la carretera, mientras que la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, afirmó en el mismo acto que éste es el mejor mecanismo para dirimir el conflicto.
La CIDOB defiende el veto a la construcción de la obra, mientras que el Conisur promueve la carretera. Chávez informó que los indígenas sostendrán una reunión para alistar la marcha en contra de la ley promulgada ayer.
Para Morales esta actitud implica ir en contra de preceptos legales. “Quien rechaza la consulta está rechazando la Constitución, porque la consulta está garantizada en la Constitución”, señaló y añadió que también está reconocida en acuerdos internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tacó insistió en que la aplicación de este mecanismo es extemporánea, porque el Gobierno ya tiene contratado el crédito brasileño de US$332 millones y a la empresa OAS para la construcción de la carretera.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Galo Bonifaz advirtió que la oposición a la ley es un delito. “Quien se opone a la consulta se opone a la Constitución; eso significa sedición. La sedición tiene castigo y nosotros denunciaremos aquello”.
Similar posición comparten los oficialistas legisladores Fidel Surco y Julio Salazar, también dirigente cocalero. “Una vez promulgada la norma hay que acatarla, si no, incurriríamos en un delito”, advirtió Surco. El artículo 8 de la norma prevé que la consulta se hará en 120 días a partir de la promulgación de la ley, bajo la observación y acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los resultados, establece, serán de cumplimiento obligatorio, aunque Morales aclaró el miércoles que serán referenciales.
Pueblos. La ley no fija el número ni nombre de las comunidades parte del proceso, pero señala que serán las que pertenecen a los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimán y Yuracaré. Chávez informó que visitó 18 comunidades en el TIPNIS, de las que 15 defienden el parque y rechazan la consulta. Hay 63 comunidades en la zona.
El Presidente dejó abierta la posibilidad de un referéndum entre los municipios o departamentos beneficiados en caso de persistir los cuestionamientos. Además desafió al defensor del Pueblo, Rolando Villena, a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y a la propia CIDOB a participar del proceso.
Villena solicitó a Morales no promulgar la norma porque representa un factor de conflicto en el TIPNIS entre los que están a favor y en contra de la carretera. Morales afirmó que la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es viable por medio del parque.
Aviones de la Fuerza Aerea Boliviana llevarán a indígenas del Conisur. El gobierno del presidente Evo Morales dispondrá de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para que los marchistas del Consejo Indígena del Sur (Conisur) retornen a sus lugares de origen. Los indígenas volverán a sus hogares entre hoy y mañana
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, informó que el Ejecutivo apoyará a los marchistas al igual —aseguró— que lo hicieron con los indígenas de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).
“Volverán (a sus regiones) en aviones de la FAB”, informó la autoridad. El dirigente de los marchistas del Conisur Paul Inadela informó que dependerá de las condiciones climatológicas el retorno a sus hogares. “Nos vamos agradecidos con el pueblo paceño por su ayuda. Entre hoy y mañana retornaremos; todo depende del factor tiempo para que nos podamos ir en avión, porque es muy lejos”, sostuvo.
El dirigente de los marchistas Gumercindo Pradel informó en reiteradas ocasiones que llegaron a la ciudad de La Paz cerca de 4.500 personas. Estuvieron albergados en el coliseo cerrado Julio Borelli. El presidente Evo Morales destacó que no generaron problemas a la ciudadanía.
Aliados del oficialismo piden previo consenso. Campesinos y colonizadores coincidieron en que si no hay consenso entre la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Indígena del Sur (Conisur), será complejo aplicar la consulta para la construcción de la carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“Si no va a haber consenso entre ellos, no se podrá aplicar la consulta; el Gobierno está entre la cruz y la espada, porque la anterior marcha demandó una cosa y esta marcha demanda otra; por tanto, está en la obligación de escuchar las dos posiciones”, señaló Gustavo Aliaga, dirigente de los colonizadores, aliados del oficialismo. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Roberto Coraite, coincidió con Aliaga en la necesidad de buscar consensos para la consulta.
“Convocamos a que concerten; si hay divergencia entre sectores deben deliberar sobre la base de esa normativa y sacar conclusiones para aplicar la consulta”, sostuvo Coraite. El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley de Consulta que apunta a eliminar la intangibilidad del TIPNIS y viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La CIDOB rechaza la consulta y anuncia protestas.
Julia Ramos, dirigente de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, demandó a los dirigentes de la CIDOB cumplir y acatar la Ley de Consulta. “La ley es para todos, no para unos cuantos”. El dirigente del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe, criticó al oficialismo, informó que la consulta es extemporánea porque el Gobierno ya tiene contratado el crédito y a la empresa que construirá la obra.
El Defensor observa la legalidad de la nueva ley. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseguró que la Ley de Consulta “no se apega a la constitucionalidad vigente” y organizaciones de derechos humanos y el medio ambiente advirtieron que la vigencia de la norma generará un escenario de conflictividad entre indígenas de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y el Consejo Indígena del Sur (Conisur).
“Se vulnera el carácter previo y el principio de buena fe de la consulta al no haberse considerado que el Título Ejecutorial de Tierra Comunitaria de Origen TCO-NAL-000229, emitido por su autoridad en fecha 13 de febrero de 2009, otorga la propiedad colectiva del territorio en favor de la “Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS”. Y además porque la pretendida consulta sería llevada a cabo después de iniciada la ejecución del proyecto carretero (Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, sostiene el Defensor en una carta enviada al presidente del Estado, Evo Morales.
La fundación Unir, la Fundación Jubileo, la Fundación Tierra, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz y el Defensor del Pueblo, a través de un comunicado, también advirtieron que el actual contexto de polarización, por la Ley de Consulta, potencia la escalada de conflictos que alcanzaría niveles de violencia y enfrentamientos. El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, cuestionó la decisión de Morales y advierte de conflictos.
