A pesar de que las condiciones son precarias, los jornaleros regresan a las actividades agrícolas porque la realidad en sus comunidades es peor.

Ciudad de México. Con la promesa de recibir “un jornal” apenas superior a 100 pesos diarios (US$6,63), más dos kilos de tortilla, una familia emigra por un trabajo a los campos agrícolas del noroeste del país.

Algunos son conscientes de la realidad: que los mentados “cabos” sólo buscan engancharlos para emplearlos por 12 o 15 horas diarias; que les darán cuartos con piso de tierra donde dormir; que se brincarán la fecha de pago hasta que cumplan seis a ocho meses trabajando, aunque antes les cobrarán interminables cuentas y porcentajes.

A pesar de todo,“regresan, porque la necesidad es mucha”, explicó Jesús Carmona Sánchez, secretario técnico de Respuesta Alternativa A.C.

"Las condiciones de vida en los ranchos son precarísimas, en condiciones inhumanas. En el informe documentamos un rancho nada más al que sí pudimos acceder, porque íbamos con inspectores federales de la secretaría del Trabajo".

"Tomamos fotos de los galerones donde viven: es piso de tierra, oscuros e insalubres. Ésa es más o menos la típica de todos los ranchos”, señaló el activista.

Expertos consideran que en estas condiciones vive una gran mayoría de los 762 mil 265 trabajadores temporales agrícolas que se dirigen hacia al norte y noroeste del país originarios principalmente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz e Hidalgo, según la más reciente Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009 (Enjo) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Desde el ámbito de su competencia, Nuvia Mayorga Delgado, directora la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indicó que trabajan por tener cifras más actuales, en coordinación con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Han identificado hasta ahora que de los 11 millones de personas indígenas 80% se dedica a actividades jornaleras agrícolas.

Discriminación y explotación

Los datos oficiales de la Enjo muestran que la edad con mayor presencia en la migración se encuentra entre los 16 y 20 años.

En un libro aún en dictamen, de los economistas María Antonieta Barrón y José Manuel Hernández, se argumenta que la edad media tiende a bajar “según la condición migratoria, son más jóvenes las mujeres que los hombres y más los migrantes que los no migrantes”.

Para Óscar Rey Meneses, presidente en Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl AC, la migración rural-rural actúa de un modo hormiga, a veces por familias.

Y a pesar de no tratarse de un desplazamiento humano “como el de los gitanos”, hoy vemos gran parte de pueblos mixes, otomíes y mayas establecidos en entidades donde no había, invisibles para el INEGI.

La investigación de Jesús Carmona indica que estas personas son reclutadas para llegar principalmente a Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

“Evidentemente no les dan algún tipo de contrato escrito. Los dueños de los ranchos se desentienden como patrones porque dicen ‘yo no le pago a la gente, yo le pago a quien los trae (los mentados cabos) y ellos reparten el dinero’”.

Sin paga salarial a tiempo y conforme a ley, los jornaleros sobreviven mediante un sistema que funcionó en el porfiriato: las tiendas de raya.

“Hay préstamos de 200 pesos semanales (US$13,27) y, al final de la temporada, hacen cuentas, les descuentan lo que les prestaron, pagan lo que sobra y casi casi salen tablas. Seis (meses) estuvieron trabajando y privándose para nada”, sostuvo Carmona.

Él, quien desde su organización en San Luis Potosí presentó en enero el reporte Migración Interna; jornaleros internos, detalló que el jornal varía, pues se paga por surco o por arpilla. “Cuando ya comienza a decaer la temporada les pagan por arpilla, es decir, tienen que trabajar más para ganar lo mismo. Eso es un tema de cuasiesclavitud y de trata de personas”.

La seguridad social es un tema desconocido por el jornalero, pues pese a que la Ley de Seguridad Social de 1995 reconoce a los trabajadores del campo, no existe el total de cotizantes en el sector agropecuario.

Adicionalmente, señaló que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) auspiciado por la Sedesol tiene “algunas ambigüedades e inconsistencias importantes”.